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El Ayuntamiento ha decidido buscar apoyos externos para poder acometer y hacer posible la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado Tormes+, una ambiciosa iniciativa que pretende cristalizar una profunda y completa transformación de los espacios de las riberas del río y que cuenta con ... una financiación de casi 9,5 millones de euros procedentes de las arcas de la UniónEuropea, concretamente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y enmarcados dentro del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (Pocs). Por todo ello, la institución consistorial ha acordado sacar a concurso público un nuevo contrato, que persigue como objetivo la prestación de los servicios de apoyo al Ayuntamiento para la gestión administrativa, económica, financiera, urbanística, ambiental, así como de comunicación y difusión, para la ejecución y el desarrollo de Tormes+.
El Consistorio ha decidido dar este paso, después de que el pasado mes de julio el Ministerio de Hacienda yAdministraciones Pública solventara los trámites administrativos relacionados con el proyecto. Una vez superado este escollo burocrático en las instancias ministeriales, el Consistorio ha licitado este contrato, que cuenta con un presupuesto anual de 87.120 euros y una duración de cuatro años hasta el 1 de septiembre de 2021, contemplándose la posibilidad de ser prorrogado por 16 meses más. Es decir, el importe total de la licitación, incluyendo los 16 meses de la moratoria y sin contabilizar el IVA, se dispara hasta los 384.000 euros. Si la empresa adjudicataria no optara por la prórroga, serían solo 348.480 euros.
El grupo de gobierno del PP argumenta para justificar esta licitación que «dada la composición de la estructura municipal y la complejidad de la gestión y asesoramiento necesario para el desarrollo y justificación de las actuaciones previstas en la estrategia de desarrollo sostenible Tormes+, es por lo que se considera oportuno la realización de una contratación que permita un apoyo externo a este Ayuntamiento de Salamanca», tal como se especifica en el pliego de prescripciones técnicas de la licitación. Las empresas interesadas dispondrán de plazo hasta el próximo 11 de octubre para presentar sus propuestas.
El equipo técnico que aporte la empresa que resulte finalmente adjudicataria deberá contar «con una extensa y acreditada experiencia en el campo de la gestión y justificación de proyectos cofinanciados por fondos europeos», tal como se puntualiza en otro de los pasajes del pliego. El Ayuntamiento pone especial énfasis en resaltar que en el caso de las estrategias de desarrollo urbano esta cualidad se refuerza, ya que se trata de intervenciones integradas complejas que afectan a numerosos ámbitos técnicos y funcionales de intervención y que implican a numerosas unidades administrativas municipales, así como a instituciones y vecinos.
La irrupción de una empresa externa no supondrá alterar ni invadir las competencias asignadas por el propio Ayuntamiento, mediante un decreto que publicó el alcalde Alfonso Fernández Mañueco el pasado 31 de enero, para cada uno de los órganos que participarán en la materialización del proyecto.
El organigrama diseñado por el grupo municipal de gobierno concentra en la Concejalía de Hacienda, Régimen Interior y Protección Ciudadana, gestionada por el tercer teniente de alcalde y portavoz municipal del PP, Fernando Rodríguez, buena parte de la maquinaria administrativa del proyecto. De hecho, dicha concejalía asumirá el rol de unidad de gestión administrativa, económica y financiera de la estrategia. Por su parte, el Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo será el ente coordinador a nivel técnico de la ejecución.
Además, se creará una comisión municipal en el seno del Ayuntamiento, que ha sido concebida como el órgano responsable de la dirección política y estratégica del proyecto. También deberá constituirse un comité de información y participación ciudadana, catalogado como«un órgano de carácter consultivo y de participación». Además, se prevé la configuración de unidades ejecutoras y la puesta en marcha de una comisión de valoración, que tendrá como principal función evaluar las operaciones que se vayan llevando a cabo cada año.
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