La asociación Salvar el Archivo de Salamanca ha dado un salto cualitativo en su incansable estrategia para intentar conseguir que los 400.000 documentos que salieron de forma irregular del Archivo de la Guerra Civil para ser entregados a la Generalitat de Cataluña retornen a ... la capital del Tormes. Para ello, la asociación remitirá un informe a la Fiscalía General del Estado para que investigue y determine «si hay indicios de delito» en la entrega de esta ingente documentación, según avanzó ayer el presidente de Salvar el Archivo, Policarpo Sánchez.
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El informe, que será remitido por el abogado Ernesto Tomé «en nombre de la asociación», señala directamente a aquellos «altos responsables políticos, vinculados al Gobierno de la Generalitat de Puigdemont, que entregaron más de 100.000 documentos a organizaciones separatistas ajenas a la devolución», así como a «aquellos responsables del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que entregaron esa documentación a sabiendas que no existían sus propietarios y, por tanto, ignorando la sentencia del Tribunal Constitucional».
Sánchez enfatizó que «los responsables del expolio no se pueden ir de rositas, y por eso pedimos la intervención de la Fiscalía General del Estado». La asociación está plenamente convencida de que «hay delito» y por eso insta a la Fiscalía a que «actué penalmente» contra estos responsables institucionales, entre los que figuran, por ejemplo, el exconsejero catalán de Cultura y militante del PSC, Ferrán Mascarell, y el subdirector general de los Archivos Estatales, Severiano Hernández.
Además, la asociación pedirá al Gobierno que «haga efectiva la devolución de la documentación que obra en poder ilegalmente de la Generalitat», después de confirmarse que la sentencia que dictó sobre este espinoso asunto el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña «es firme». En virtud de dicho fallo judicial, que respondió a una demanda previa de Sánchez, «es el Gobierno a quien corresponde y el único que tiene la competencia para devolver los documentos al Archivo de la Guerra Civil».
Policarpo Sánchez se congratuló de que «nos hemos podido quitar a los separatistas de en medio» y recordó expresamente que fue José Luis Rodríguez Zapatero el responsable del «envío ilegal de los documentos». Sin embargo, quienes deben mover ficha ahora son Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría e Íñigo Méndez de Vigo, «ya no necesitan el 155 para restituir los papeles del Archivo, sino que lo pueden hacer cuando quieran, incluso mañana mismo».
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Por ello, la asociación se apoyará en la sentencia del alto tribunal catalán para requerir próximamente al Ministerio de Cultura el retorno de los bautizados popularmente como 'papeles de Salamanca'.
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