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RICARDO RÁBADE / WORD
SALAMANCA
Jueves, 31 de enero 2019, 11:36
La sociedad civil está dispuesta a batallar en los tribunales contra el poder si éste no cumple las sentencias que dictan los jueces. Ésta es la contundente advertencia que lanzó ayer la asociación Salvar El Archivo, por boca de su presidente Policarpo Sánchez y de ... otros relevantes miembros de su junta directiva, como el expresidente de Banesto, Mario Conde, y el periodista Hermann Tertsch, si el Gobierno no obliga a la Generalitat de Cataluña a devolver a Salamanca los 400.000 documentos que salieron de forma irregular, en sucesivas remesas desde el año 2006, de las dependencias del Archivo de la Guerra Civil.
Sánchez a alertó de que el Ministerio de Cultura «prepara el mayor engaño en la historia del Archivo, queriendo dar por cerrado el conflicto, en estos primeros meses del año, con una devolución ínfima de documentos al Archivo de Salamanca a cambio de entregar a los separatistas los documentos que quedaron bloqueados en 2014». Apuntó en este sentido que «parece que al Ministerio de Cultura le vale con que el ladrón devuelva los documentos que no ha podido entregar a nadie mientras mira para otro lado con los centenares de miles de documentos que la Generalitat ha entregado a quienes no son sus propietarios legítimos solo para evitar tenerlos que devolver al Centro Documental de la Memoria Histórica».
Además, Sánchez denunció la «pasividad» del ministro de Cultura, José Guirao, porque «ni cumple ni hace cumplir» la ley que obliga al Govern catalán a devolver los 400.000 documentos que retiene indebidamente. «No nos van a doblegar y, si es necesario, daré mi vida por esta lucha, hasta que la ley se cumpla y se devuelvan esos documentos», enfatizó Sánchez, quien recalcó que «para lograr que la Generalitat separatista cumpla la ley y devuelva al Archivo todos los legajos que retiene ilegalmente en su poder», su asociación está dando la batalla en cuatro frentes, como son «el social, el político, el legal y el cultural».
En el ámbito social, la asociación ha recogido ya 114.000 firmas de apoyo para su causa, mientras que en el terreno político, tras las mociones aprobadas el pasado 9 de noviembre por el Ayuntamiento de Salamanca y el 22 de enero en el Senado español, se ha alcanzado un acuerdo de colaboración con el alcalde Carlos García Carbayo para asesorarle acerca de qué documentos debe devolver la Generalitat y trabajar conjuntamente para exigir al ministro de Cultura que exija el retorno de los documentos que intenta ocultar. «El Ministerio y por extensión el Gobierno de Pedro Sánchez, está desoyendo la voluntad ciudadana representada democráticamente en el Senado», proclamó Sánchez. También dentro de este ámbito, la asociación ha logrado que los candidatos a la Alcaldía de partidos como el PP y Contigo Somos Salamanca hayan rubricado su manifiesto reivindicativo, contando también con el apoyo expreso de Ciudadanos y Vox. En cambio, ni el PSOE ni Ganemos se han pronunciado todavía, aunque los socialistas ya votaron en contra de la moción que se debatió en el Senado.
En la vertiente legal, la asociación ha presentado ya ante la Subdelegación del Gobierno un requerimiento al Ministerio de Cultura para la devolución, con carácter inmediato, de los documentos transferidos ilegalmente al Gobierno de Quim Torra, así como el traslado a Salamanca, también inmediato, de todos los documentos que no han sido digitalizados, según se estableció en la ley, así como hacer las gestiones necesarias para el reintegro de documentos que han sido presuntamente entregados a titulares inexistentes o personas físicas o jurídicas que no tienen vínculo con los documentos. «Estas acciones son constitutivas de flagrante delito», aclaró Sánchez en referencia al comportamiento que tuvieron las autoridades catalanas.
«Si no tenemos ninguna respuesta del Ministerio de aquí a tres meses, presentaremos recurso por la vía administrativa. Y a partir de ahí, si igualmente no hay respuesta pasados otros tres meses por parte del Gobierno de Sánchez, denunciaremos al Ministerio de Cultura en la Audiencia Nacional». Asimismo, la asociación está estudiando la tramitación de posibles querellas contra los políticos catalanes que ordenaron el expolio y la fragmentación del Archivo.
Hermann Tertsch consideró que es imperativo «poner fin a la tropelía inmensa que hicieron y siguen haciendo los separatistas en contra de la ley con la única finalidad de reescribir el pasado para modificar el presente», una operación que se vio facilitada por «la complicidad» de los dos grandes partidos» (PP y PSOE), que arrancó durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y se extendió hasta la etapa de gobierno de Mariano Rajoy. También exteriorizó sus «fundadas sospechas» de que parte de estos legajos puedan ser «ocultados o destruidos», dado que desmienten «la fábula de la construcción histórica» que ha hilvanado el separatismo catalán.
Mario Conde indicó que resulta «evidente» que no hubo «ninguna razón lógica» para fragmentar el Archivo y que todo obedeció a motivaciones políticas. A todo ello hay que sumar «los incumplimientos de la ley, primero por la Generalitat y después por el Gobierno».
En el ámbito cultural, la asociación celebrará el próximo 19 de febrero un debate sobre el Archivo en la Sala de la Palabra del Teatro Liceo con la participación del historiador y presidente de la Fundación Jorge Guillén, Antonio Piedra, y del escritor bejarano Gonzalo Santonja.
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