La Salina aprueba el plan antifraude para recibir fondos europeos y lo ofrece a los ayuntamientos

En este sentido, y durante el turno de palabra de los distintos grupos, el diputado no adscrito, José Francisco Bautista, pidió que los fondos se repartan «de forma justa»; mientras de Jesús Luis de San Antonio, de Ciudadanos, pidió que se facilitara dicho plan a los ayuntamientos; algo que también solicitó la diputada socialista Carmen Ávila, en caso de que la FEMP no lo haga, y que la formación que se va a dar a los técnicos de Diputación se haga extensiva a los consistorios.

Un compromiso que asumió el equipo de Gobierno en palabras del portavoz del Partido Popular, Carlos García Sierra, que manifestó que se realizaría una versión más simplificada del plan para los ayuntamientos y que se abrirá la formación a los consistorios, «ahora que tenemos las herramientas para que pueda ser telemática».

Asimismo, García Sierra indicó que desde la Diputación también se podrán «evaluar casos puntuales de los ayuntamientos para cumplir con esta exigencia y poder recibir fondos europeos».

Tras aprobar otros puntos incluidos en el orden del día como la actualización de los precios públicos por estancias en los centros asistenciales de la institución provincial y una propuesta de reconocimiento de créditos se pasó a las mociones presentadas por los distintos grupos, debatiendo conjuntamente y aprobando una del Grupo Popular y otra de Ciudadanos cuya esencia era la misma: la defensa del sector ganadero y de la industria cárnica ante las declaraciones del ministro de Consumo, a la vez que la petición del PP del «cese inmediato de Alberto Garzón».

Ante esta cuestión, todos los partidos manifestaron lo inoportuno de las declaraciones del ministro y el perjuicio que ha hecho al sector; aunque el portavoz socialista, Fernando Rubio, y el diputado popular Antonio Luis Sánchez se enzarzaron sobre la existencia o no de macrogranjas en la provincia y qué se entiende por ellas, además de sobre qué modelo defiende cada uno de sus partidos; mientras que el diputado no adscrito hizo referencia a la «utilización electoral» que se está haciendo de esta cuestión; y Ciudadanos incidió en la necesidad de defender a un sector tan importante en esta tierra, según dijo Jesús Luis de San Antonio, quien manifestó, como también hicieran los otros grupos y miembros de la oposición, que hay que «reprobar al Partido Popular» por las políticas llevadas a cabo hasta el momento.

Otra de las mociones llevadas al pleno ayer, en este caso de forma conjunta por Ciudadanos y el diputado no adscrito, no corrió la misma suerte que las dos anteriores y fue rechazada, tras contar con los votos en contra del Grupo Popular, la abstención del Partido Socialista y los votos a favor de los proponentes. Dicha proposición pedía «un reparto justo de las subvenciones nominativas»; una cuestión que ya se había debatido ampliamente la semana anterior durante el pleno extraordinario para aprobar el presupuesto de 2022.