Salamanca ha socorrido a 600 personas refugiadas en los últimos cuatro años

El Ayuntamiento de Salamanca, la Diputación provincial y seis organizaciones benéficas (Accem, Cruz Roja, Cáritas, Cepaim, Salamanca Acoge e YMCA) firmaron ayer el Pacto Institucional para ayudar a los refugiados derivados a la ciudad. Merced a este pacto, las ocho entidades elaborarán un plan de protección y acogida conjunto para atender las necesidades básicas de los refugiados, como manutención o alojamiento, comprometiéndose a aportar los recursos necesarios para conseguirlo. En pocas palabras, vuelven a unir fuerzas para ayudar en la medida de lo posible a los refugiados que acaben a Salamanca, en vez de hacer la guerra por su cuenta.

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Ana Suárez, recordó que varias instituciones y ONG de Salamanca ya rubricaron un acuerdo similar en 2015 porque «era necesario. Lo era en 2015 y ahora lo es más». Aquel año marcó «un antes y un después» y probó que Salamanca «es hospitalaria y da segundas oportunidades». En palabras de Suárez «es un placer renovar el pacto y casi duplicar las organizaciones inscritas. Ninguna persona se va a quedar en la calle si nos pide ayuda», zanjó.

Las entidades firmantes del primer pacto institucional fueron el Ayuntamiento la Diputación, Accem, Cruz Roja y Cáritas. Cepaim y Salamanca Acoge se unieron poco después. YMCA se sumó ayer. El presidente de Cruz Roja Salamanca, Jesús Juanes, tildó aquel acuerdo de «pionero» en España y motivo de «orgullo» para todos. «Cuatro años después se renueva. No hay otra. La situación es más complicada que hace cuatro años», explicó. Según Juanes, España recibió unas 6.000 peticiones de protección internacional de personas, pero el año pasado la cifra se elevó hasta las 117.000. Así, «es necesario un esfuerzo importante. No es fácil llegar huyendo, con miedo o de zonas de conflictos. Salamanca no va a volver la cara», de ahí la idea de «reunir esfuerzos y medios» para trabajar en común.

La diputada de Bienestar Social, Familia y Juventud, Eva Picado, también mostró su «orgullo» por la decisión tomada en 2015 y explicó que todos los firmantes del Pacto están convencidos de que la «coordinación suma cuando todo se hace bien». También les une su «defensa de los Derechos Humanos y la voluntad de mejorar la situación» de los refugiados. Salamanca, concluyó, se ha convertido «en una referencia».

Ana Suárez también presentó el balance de los primeros años del Pacto Institucional, durante los cuáles ayudaron a unas 600 personas.

Las ayudas no son las mismas para todos los refugiados. La estructura organizativa del pacto consta de una Comisión Institucional que cada año aprueba un programa de trabajo; y de una Comisión Técnica, integrada por personal de las entidades firmantes, que a su vez crea un grupo de trabajo del pacto. Este grupo de trabajo se ha reunido en 22 ocasiones a lo largo de estos cuatro años.

El citado programa de trabajo cuenta con varias fases: la de primera acogida, la de acogida temporal, la de integración y la de autonomía.

En la fase de primera acogida el Ministerio de Empleo y Servicios Sociales deriva a las personas a las Comunidades. Accem es la entidad que se encarga de las primera acogida en Castilla y León. La concejala Ana Suárez pidió ayer al Gobierno que acelere los trámites en esta etapa, para que las personas que solicitan ayuda no tengan que esperar demasiado. Según Suárez, hay que reducir el periodo de tiempo para entrar en esta fase.

La etapa de acogida temporal trata de cubrirá las necesidades de las personas beneficiarias desde que llegan a Salamanca. Incluye la tramitación de ayudas económicas para las necesidades básica, las gestiones para obtener documentos, tarjeta sanitaria, escolarización, idioma... esta etapa dura seis meses.

La fase de integración trata de «potenciar los procesos de autonomía» avanzando en los procesos iniciados en la etapa anterior. Las personas residirán en viviendas a su nombre, pero con el apoyo econñomico de las entidades firmantes del pacto. También se intenta promover el acceso a una vivienda y la inserción laboral. Esta etapa dura otros seis meses, pero a partir del cuarto se empiezan a derivar los casos a los centros de acción social del Ayuntamiento.

La última etapa o fase de autonomía se presta asistencia o apoyo «esporádico» y en determinada áreas.

En el balance de este cuatrienio también destaca la organización de una jornada con inmobiliarias de la ciudad para analizar las dificultades de los refugiados para alquilar, un encuentro con los centros de acción social del Ayuntamiento y la Diputación para discutir sobre los modelos de atención, una campaña de sensibilización para difundir el pacto y promover la inclusión de las personas atendidas, un encuentro con la Policía Nacional, una reunión con persona de Servicios Sociales de la Junta para unificar actuaciones, un curso del Colegio de Abogados sobre protección internacional y un encuentro con la gerencia de salud de atención primarias acerca de las dificultades de los refugiados para obtener documentación y atención sanitaria, explican desde el Consistorio.