El PP de Salamanca, casa política de Alfonso Fernández Mañueco, encara cuatro meses de desfile ante juez de cargos políticos, cargos públicos ligados al partido y personal de confianza contratado por estos últimos y lo hace a las puertas de embarcarse en un proceso ... congresual con tensiones internas. De fondo, la financiación del partido durante las primarias en las que Mañueco se hizo con las riendas del PP de Castilla y León, en 2017.
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Las declaraciones de los parlamentarios nacionales José Antonio Bermúdez de Castro y Gonzalo Robles, citados para el martes (1 de junio), se suman a la que efectuó el propio presidente de la Diputación y del partido en la provincia, Javier Iglesias, en abril, por la instrucción que se sigue para investigar un presunto delito de financiación ilegal. Esa es la tipificación que recogen los autos emitidos por la Audiencia de Salamanca, que hasta en tres ocasiones ha ordenado al juez instructor requerir documentación al PP o tomar declaraciones.
Tanto Iglesias, como Robles y Bermúdez de Castro hicieron una declaración jurada hace meses, para intentar evitar ser citados. Reconocieron que aportaron 1.000 euros. Y como ellos, una treintena de personas que también desfilarán ante el juez para declarar.
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El juzgado investiga aportaciones irregulares para poner al día las cuotas pendientes en afiliados del partido considerados afines a la candidatura de Alfonso Fernández Mañueco en las primarias para relevar a Juan Vicente Herrera. Estar al corriente de estos pagos era requisito indispensable para formar parte del censo de votantes, listado que se controlaba desde las direcciones provinciales. Además del presidente del partido, ha declarado ya dos veces la gerente, Isabel González. En la última, el 7 de mayo, reiteró que ella no era la responsable de tramitar esas aportaciones y aseguró desconocer los pormenores de la operación de recogida de dinero.
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Robles y Bermúdez de Castro no son los únicos citados el martes. En el listado están el procurador Salvador Cruz y Xabier Domínguez Gabiña, asesor de comunicación de Fernández Mañueco durante su etapa de consejero y alcalde de Salamanca y hoy director general de Análisis y Planificación de la Junta. Reconocieron haber aportado 500 euros. El juzgado a vuelto a citar –para tomar declaración en una sala en la que se puedan grabar sus respuestas– a otras 28 personas entre junio, julio, septiembre y octubre. Son concejales, alcaldes, diputados provinciales y cargos de confianza tanto de Javier Iglesias, en la Diputación Provincial, como de Alfonso Fernández Mañueco, en su etapa como alcalde y ahora como presidente de la Junta de Castilla y León.
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