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Jueves, 23 de julio 2020, 14:13
El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), reunido una semana más de forma telemática, informó favorablemente este jueves, 23 de julio, sobre la solicitud presentada por la empresa Berkeley Minera España para la renovación de la autorización previa de la planta de concentrados de ... uranio que tiene previsto instalar en la localidad salmantina de Retortillo.
De esta manera, la empresa renueva la autorización previa para la construcción de la planta de concentrados de uranio en Retortillo, como instalación radiactiva de primera categoría del ciclo del combustible, que le fue concedida por la Orden IET/1944/2015, de 17 de septiembre, de la Secretaría de Estado de Energía del entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y que tenía una validez inicial hasta septiembre de 2020.
El informe aprobado este jueves considera que las circunstancias y características de la planta de concentrados de uranio son las mismas que se recogen en la autorización previa emitida en 2015, y corresponde ahora al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España aprobar esta autorización y establecer su periodo de duración.
Todo ello durante una reunión del pleno del CSN que también sirvió para aprobar la propuesta del anteproyecto de presupuesto del organismo regulador para 2021, así como su remisión al Ministerio de Hacienda. Dicho anteproyecto contiene los criterios de presupuestación, los objetivos, los indicadores y las magnitudes definidos para el próximo año, así como el capítulo correspondiente a gastos e ingresos.
Convenio con la Junta
Además, entre otros asuntos, el pleno del CSN también aprobó este jueves la firma de un convenio entre el Consejo y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León sobre planificación, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia radiológica.
Este acuerdo adapta el convenio firmado entre ambas instituciones en octubre de 2011 a lo establecido en la Ley 40/2015, en los mismos términos, salvo la necesaria actualización de los nombres y unidades organizativas de ambas partes. El convenio entrará en vigor una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y tendrá una vigencia de cuatro años, sin que esté prevista ninguna contraprestación económica.
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