El rector de la USAL y el presidente de CESCYL se reúnen en torno a un nuevo convenio

El derecho fundamental a la educación, reconocido en el artículo 27 de la Constitución Española, supone uno de los pilares del Estado social y democrático de Derecho. En este precepto se establece, además, entre otros derechos y libertades, que la «educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales».

Entre las propuestas y recomendaciones del Consejo Económico y Social de Castilla y León se viene destacando la importancia de la universidad, de la ciencia y de la transferencia del conocimiento para la superación de la actual crisis social y económica. La situación económica, la actividad empresarial y el empleo dependen más de lo que suele pensarse del crecimiento de las universidades públicas, aunque solo fuera por su dimensión como entidades generadoras de empleo directo e indirecto, de captación de talento y de inversiones, de parques científicos y tecnológicos, de congresos, de activación cultural, social y empresarial, de I+D+i o de buena imagen. No se han valorado aún estos efectos suficientemente, ni siquiera la dinamización económica producida por los miles de estudiantes presenciales, profesionales e investigadores que residen en nuestra tierra durante largos periodos, hasta de varios años, adquiriendo bienes y servicios, así como asumiendo, individualmente o mediante asociaciones de antiguos alumnos (las preciadas Alumni), una función invaluable de embajadores de Castilla y León.

Impacto económico

Resulta recomendable la lectura y actualización del informe «La parte y el todo. El impacto económico de la Universidad de Salamanca», aprobado por su Consejo Social en 2015. Afirma, por ejemplo, que el impacto económico directo que generaba entonces ya «la Universidad de Salamanca ronda los mil millones de euros anuales, lo que supone el 1% del PIB de Castilla y León y el 7% del de la provincia de Salamanca. Aporta asimismo alrededor del 1,3% del empleo de la Comunidad Autónoma, del que al menos un tercio es de alta calidad».