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DANIEL BAJO / WORD
SALAMANCA
Viernes, 10 de noviembre 2017, 12:43
La ciudad se convirtió ayer en la capital oficiosa de Europa. No sólo por la presencia del presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, para ser nombrado doctor Honoris Causa por la Universidad de Salamanca, sino por los vehementes discursos del propio Juncker y ... del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en defensa de la legalidad, el Estado de Derecho y el ‘modo de vida europeo’ frente a los ataques nacionalistas que tratan de socavar dichos principios.
Rajoy mostró su satisfacción por que la Usal nombrase Honoris Causa a Juncker y al excomisario europeo de Asuntos Sociales, Educación y Cultura, Manuel Marín. Según Rajoy, se trata de un acto «eminentemente europeo, porque las personas a las que se les concede han dedicado buena parte de su vida este proyecto de integración europeo, a esta casa de todos los europeos». Y es un acto europeo «porque se defienden los valores en los que creemos y que han hecho de Europa lo que es hoy: la región más importante en términos de democracia, libertad, respeto por los derechos humanos, progreso económico y social y atención a las personas».
El presidente, por supuesto, agradeció a Juncker el claro apoyo de la Comisión Europea al Gobierno español «pero sobre todo a España y a los ciudadanos españoles en unos momentos tan difíciles como los que hemos vivido y estamos viviendo», en relación a la situación de inestabilidad política desatada en Cataluña. Rajoy añadió que «es muy reconfortante» que la Comisión Europea haya apoyado «la actuación del Gobierno español» y respetado «nuestra Constitución, leyes y sistema judicial». «El 100% de los países de la UE han apoyado las decisiones tomadas y la integridad territorial de España».
La actuación de la mayoría de las instituciones catalanas «ha puesto en tela de juicio los valores europeos: el valor de la democracia, el Estado de Derecho y el imperio de la Ley, tres valores que son fundamentales, que están en la esencia del proyecto de construcción europea y que han sido objeto de ataques». Frente a dichos ataques «ha quedado acreditado que el Estado tiene la posibilidad de defenderse ante aquellos que quieren destruirlo y pasar por encima de ley».
La política nacional sigue condicionada por Cataluña. Toda la actualidad informativa acaba remitiendo a lo sucedido en dicha Comunidad Autónoma y seguirá siendo así durante muchas semanas. El presidente del Gobierno no ocultó su deseo de que el 21 de diciembre, fecha de las elecciones autonómicas, marque un punto de inflexión en una crisis nacional que ya dura demasiado.
Mariano Rajoy reiteró que el Gobierno tiene previstos «todos los escenarios» ante la posibilidad de que los independentistas vuelvan a ganar las elecciones y la situación no se estabilice. El presidente afirmó que «el gran objetivo en cualquier caso es que tras el 21-D las cosas se normalicen». Es la meta del Ejecutivo «y de la mayoría» de la población. El Gobierno desea que el 22 de diciembre se abra una etapa «de moderación y tranquilidad donde todo el mundo cumpla sus obligaciones como españoles y europeos, la primera de las cuáles es cumplir la ley».
Así, Rajoy pidió «una participación masiva» y que «todo el mundo» vaya a votar siendo conscientes «de que son unas elecciones en las que se deciden muchas cosas».
El presidente recuperó los argumentos económicos para convencer a los votantes. Recordó que según los últimos datos de la Seguridad Social, en octubre se crearon más de 90.000 empleos en toda España, pero con diferencias considerables según las regiones: en Madrid fueron más de 30.000 y en Cataluña apenas 1.900. «Eso no es bueno para Cataluña ni para el conjunto de España. Es el reto de todos. Espero que haya una nueva etapa. Creo que hay que mirar al futuro y que la gente quiere tranquilidad, que las empresas funcionen, que contraten gente y que la riqueza no se vea perjudicada».
El Ejecutivo, por si acaso, ya ha rebajado las previsiones de crecimiento de la economía nacional para el año que viene, del 2,6% al 2,3% «previendo que estos acontecimientos», en referencia a la situación catalana «puedan generar problemas en el futuro». «Ya estamos viendo problemas», matizó, como la salida de empresas, el descenso en las reservas turísticas o la ralentizacion del comercio . «Hemos visto datos preocupantes y podría ocurrir que en 2018 nos obligaran a reducir la previsión de crecimiento».
Finalmente, Mariano Rajoy mostró su «respeto» por las decisiones de jueces y fiscales y por la estrategia de los miembros de la mesa del Parlamento de Cataluña, que ayer decidieron declarar ante el Supremo. «Los jueces tienen una función y yo la respeto sea cual sea su decisión. No me corresponde opinar», concluyó.
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