El PSOE aclara que el Gobierno aporta el dinero para los sectores económicos y la Junta solo lo reparte

Los parlamentarios nacionales del PSOE por Salamanca, David Serrada, Elena Diego y Fran Díaz, han explicado en rueda de prensa la nueva ayuda adicional aprobada por el Gobierno de España para Castilla y León, con una cuantía de 200 millones de euros, y que ayer salió ya publicada en el BOE, dirigida al impulso económico de muchos de los sectores que habían manifestado la necesidad de percibir estas ayudas.

Con esta comparecencia, el diputado y los senadores salmantinos, han querido «desmentir» la informaciones que desde la Junta, y que han calificado como «medias verdades, falsedades e incluso bulos», en relación a la procedencia de las ayudas a los sectores económicos afectados por la pandemia y que se habían quedado fuera de su concesión a pesar de su necesidad para percibirlas, poniendo como ejemplo el sector de la enseñanza del español y el de las peluquerías, en el caso de Salamanca, sectores que «se han incluido en el nuevo paquete de ayudas gracias a la mediación y al trabajo de parlamentarios socialistas como los salmantinos Fran Díaz y Elena Diego».

«El dinero que viene a Castilla y León es dinero del Gobierno de España» ha indicado el diputado David Serrada, dinero que el Gobierno de España pone a disposición de las comunidades autónomas. «El gobierno de España «ha sido quien ha incluido los sectores económicos beneficiarios de las cantidades a repartir y ha sido el que ha puesto las cuantías encima de la mesa» ha apostillado Serrada, y «la Junta lo único que ha hecho es decidir que dinero va a cada sector», El responsable del reparto del dinero es el señor Mañueco, los sectores económicos que reciban dinero y las cuantías depende de la decisión del señor Mañueco, ha añadido, y por tanto , «el que llegue más o menos a uno u a otro sector es responsabilidad del señor Mañueco y su gobierno». El Gobierno de España ya ha hecho el esfuerzo poniendo el dinero encima de la mesa y ahora, «el que tiene que cumplir con el reparto es la Junta, y esto que le quede bien claro a todos los salmantinos» ha remachado.

Estos son datos oficiales «y no datos oficiosos o sacados de la manga como hace la Junta« sobre los beneficios de la políticas del Gobierno de España para Salamanca que el ejecutivo ha puesto en marcha en lo que, se ha venido en llamar, «el escudo social», con un impacto importante en Salamanca, donde se ha protegido tanto a trabajadores como autónomos, colectivos vulnerables y empresas hasta este momento, y que han servido «de cuidados paliativos», ha explicado Serrada, para anunciar a continuación que el objetivo es ahora continuar para pasar a partir ahora a «unos cuidados de impulso a la economía y a la sociedad salmantina» ha concluido.

Continuando con el impacto y los beneficios sociales para Salamanca de las medidas puestas en marcha por el ejecutivo nacional, el senador Fran Díaz ha hecho referencia a la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, IMV, «una medida encaminada a la protección de personas en situación de vulnerabilidad», y que ha servido para ampliar ese escudo social y paliar los efectos y las consecuencias sobre las personas que han visto agravada y aumentada esa situación de vulnerabilidad con la crisis sanitaria.

Una ayuda que en Salamanca ya perciben 2.167 personas, «a día de hoy hay en la provincia de Salamanca 2.167 hogares que ya se están viendo beneficiados por el IMV» y que además de puede ver complementado con otro tipo de ayudas o prestaciones implementadas por las Comunidades autónomas.

El IMV es un nuevo derecho social que lleva el sello del Partido Socialista, en este caso del Gobierno de Pedro Sánchez, «como la mayoría de las leyes y los derechos sociales y de protección que se han aprobado en este país», ha indicado en esta misma línea la senadora Elena Diego, quién, en este mismo sentido, se ha referido, y ha puesto como ejemplo, la reciente Ley aprobada de Protección a la Infancia y Adolescencia, una norma contra la violencia y los delitos sexuales con los menores como víctimas y para que ,toda violencia contra ellos, sea del tipo que sea. «se conozca, se haga pública, se persiga, sea reconocida y se condene como merece» en vez de ocultarse y silenciarse como ha ocurrido con la violencia de género, ha manifestado.

Una Ley aprobada por todos los grupos parlamentarios a excepción de Vox, ha dicho la senadora, y que, entre otras mucha cuestiones, regula e incorpora, el deber de comunicación, es decir, «la obligación por parte de todos de poner en conocimiento de la Justicia cualquier hecho o delito contra un menor», especialmente los profesionales en el ámbito sanitario, educativo, o relacionados con el ocio y el deporte. Se crea también la figura del Coordinador de Bienestar en los centros escolares para «detectar problemas o situaciones de acoso o violencia en los niños y niñas en el ámbito familiar».

Asimismo, ha explicado la senadora salmantina, se procederá a la creación o elaboración de un registro de «delincuentes sexuales o de trata de seres humanos» lo que supondrá que para el acceso a cualquier profesión o actividad que signifique el contacto con menores sea requisito indispensable el no tener una condena firme por un delito contra la libertad sexual, a la vez de ampliar el plazo de prescripción de estos delitos con menores como víctimas a 35 años.

Una Ley que cuenta, ha indicado Elena Diego para terminar, con una memoria económica de 70 millones de euros, «porque una ley que no cuenta con una dotación presupuestaria no es ley», ha concluido.