El Programa de Fomento del Empleo Agrario ayuda con 1,54 millones a 57 municipios de Salamanca

Para Encarnación Pérez es una apuesta decidida del Gobierno de España por defender el empleo en nuestros pueblos, en este caso el de los trabajadores eventuales agrarios por cuenta ajena, que ayuda a asentar población en el mundo rural.

La asignación de créditos destinada en el 2022 a las zonas rurales deprimidas de la provincia de Salamanca para el desarrollo de este Programa, con cargo a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal, es de 1.547.049,68 euros.

El Plan está destinado a las 59 Corporaciones Locales adscritas al Consejo Comarcal del SEPE, con sede en Peñaranda de Bracamonte, de las que han presentado solicitud un total de 57 municipios.

En este órgano colegiado además de la subdelegada del Gobierno han asistido el director provincial del SEPE, Ángel Jiménez; el gerente provincial de ECYL, Juan Carlos Sánchez, el jefe de la Dependencia de Trabajo, Agustín Blanco; y representantes de los sindicatos UGT y CCOO y de la organización de empresarios CEOE.

La convocatoria de este programa de fomento de empleo agrario, destinado para zonas deprimidas, se realiza entre el servicio público de empleo estatal de salamanca y las corporaciones locales para el ejercicio 2022, regulado por real decreto 939/1997, de 20 de junio (boe n° 150 del 24-06).

El objeto de la convocatoria es la contratación temporal de trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, en el ámbito territorial del Consejo Comarcal del Servicio Público de Empleo de Peñaranda de Bracamonte, afectado por el Programa de Fomento de Empleo Agrario para zonas rurales deprimidas (PFEA).

La ejecución de proyectos debe tener un interés general y social. Las obras y servicios a realizar, deberán cumplir los requisitos generales establecidos en el art. 4 del Real Decreto 939/1997 entre los que se encuentra el ser proyectos de competencia de las Corporaciones Locales, que sean ejecutados por las Corporaciones Locales en régimen de administración directa o en régimen de adjudicación, iniciarse antes de fin de año y durar 90 días.