La prisión de Topas ha incautado 333 teléfonos móviles en los últimos 5 años

El uso de estos teléfonos puede generar deudas entre los internos e incidentes por el control de los mismos, por ello, los trabajadores penitenciarios dedican grandes esfuerzos en el decomiso de estos objetos, la mayoría de los cuales se camuflan fácilmente por su reducido tamaño y escapan a los detectores de metales al ser sus componentes de plástico. De hecho, se pueden encontrar en los lugares más insospechados, como suelas de zapatos, botes de refresco o en productos higiénicos, por lo que es precisa una requisa exhaustiva de los módulos, lo que requiere del personal necesario y de una formación especializada.

Para cumplir el mandamiento constitucional de reinserción y reeducación es imprescindible una convivencia ordenada dentro de las prisiones, y la introducción de objetos prohibidos perjudica gravemente el funcionamiento normal de un centro penitenciario por lo que son precisos los medios materiales y humanos suficientes, por un lado, para evitar su entrada y, por otro, realizar el control en el interior. Pero todo esto requiere, a su vez, del correcto funcionamiento de los inhibidores de las prisiones y que se adapten a las nuevas tecnologías. Si limitamos las posibilidades de uso, reducimos la utilidad y evitamos el comercio ilícito.

Desde ACAIP insisten en la necesidad de ocupar todas las vacantes, las nuevas promociones apenas cubren las bajas vegetativas, además, hay que adaptar el organigrama de los centros penitenciarios a las nuevas formas de delincuencia, y redimensionar la relación de puestos de trabajo para ajustarlas a las nuevas funciones. Por eso es preciso retomar la negociación de la Ley de Función Pública penitenciaria para afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta la institución.