El 46% del personal de la Delegación Territorial de la Junta en Salamanca teletrabaja

¿Como será el proceso de desescalada entre el personal de las diferentes administraciones? La Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León presentó la pasada semana a la Federación Española de Municipios y Provincias una detallada guía sobre los planes de desescalada por la crisis del coronavirus a aplicar en los diferentes departamentos de la Administración de Castilla y León.

La guía en cuestión pretende ser un documento de gran utilidad para su implementación en las entidades locales de la Comunidad, con plenas garantías para asegurar un proceso de retorno para todos los empleados públicos en base a los criterios establecidos por el Ministerio de Sanidad y las autoridades sanitarias competentes, pudiendo modificarse en base a los criterios adoptados en la evolución de la pandemia, según destacó la Consejería de Presidencia.

Hay que tener en cuenta, a la hora de afrontar el proceso de desescalada entre los trabajadores de la Administración autonómica en la provincia salmantina, que el número de trabajadores presenciales, incluyendo los que hacen turnos, asciende en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca a un total de 418, Por su parte, el número de empleados públicos que realizan teletrabajo desde sus domicilios se sitúa en 367, es decir, el 46% del total. En estas cifras no se incluye al personal de la Gerencia de Salud de Área ni de la Gerencia de Servicios Sociales, cuyo trabajo es presencial.

Precisamente, la guía cuenta con una serie de criterios fundamentales para la definición de los planes específicos de desescalada en las Consejerías y las Delegaciones Territoriales. Dichos criterios tendrán en cuenta de forma general: la necesaria valoración de las funciones esenciales de cada área en la lucha contra la pandemia, el impacto social en la prestación de los servicios esenciales, contemplar la prioridad en la reincorporación presencial o no en función de las características del servicio y considerar la ampliación de medidas que faciliten la prestación de los servicios en atención a criterios de conciliación.