Patronal y sindicatos instan a la Junta a abrir una sede del SERLA en Salamanca

Poner en marcha en Salamanca de manera inmediata una oficina del Servicio Regional de Relaciones Laborales (SERLA). Éste es el objetivo fundamental del escrito reivindicativo que registraron ayer en la Delegación Territorial de la Junta la patronal CEOE-Cepyme y los sindicatos UGTy CC OO, petición que se acompañó con una reunión en su despacho con el delegado territorial de la Junta en Salamanca, EloyRuiz, en la que patronal y sindicatos detallaron sus reivindicaciones.

Se trata, según explicaron el secretario provincial de CC OO, Emilio Pérez Prieto; el representante de la Comisión Gestora de UGT en Salamanca, Marcelino Muñoz, y el presidente de CEOE-Cepyme, Juan Manuel Gómez, de hacer cumplir el acuerdo firmado con el Gobierno regional en enero de 2019, que fue suscrito por el entonces presidente regional Juan Vicente Herrera, y la posterior sentencia del TSJCyL de julio de 2020.

«Éste es un tema en el que sindicatos y empresarios estamos de acuerdo y que nos compete solo a nosotros», subrayó JuanManuel Gómez, quien instó a la Junta a «respetar lo firmado» y a «dejarnos trabajar», mediante la creación de una sede del SERLAen Salamanca, que «está funcionando desde hace casi dos años en Valladolid dando muy buenos resultados».

Emilio Pérez Prieto recordó «la obligatoriedad» de poner en marcha el SERLA, al tiempo que lamentó que desde la sentencia de julio de 2020 «lo único que estamos encontrando es paralización, no cumplimiento y no ejecución de la sentencia por parte del Gobierno de Castilla y León». Apuntó en este sentido que dicha «paralización se debe fundamentalmente al vicepresidente, el señor Igea, que pretende dilatar todo lo posible nuestra intervención en un derecho que tenemos reconocido a través de los acuerdos».

El otro motivo que, en opinión de Pérez Prieto, tiene la Junta para no desarrollar el SERLA en todas las provincias de la Comunidad es que «no quiere dotar financieramente con los fondos necesarios». Se trata de «un servicio urgente, por el que el hasta ahora Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de los conflictos laborales individuales, gestionado por la Junta, pasaría a depender directamente de empresas y sindicatos».