Nueve centros de acogida se convierten en hogar de 71 menores desprotegidos

Vivir para sobrevivir. Historias de infancia difícil, donde no ha habido espacio para la serenidad, los juegos tranquilos, la comida caliente, la ayuda con los deberes, las fiestas con los compis del cole o el silencio para conciliar el sueño. Menores a los que las circunstancias les han robado la infancia, a veces la dignidad, en ocasiones incluso la salud y, siempre, su desarrollo en un entorno afectivo, cálido, de oportunidades. Pobreza material severa, carencia de seguridad severa, falta de cariño severo, estrellados contra una soledad severa.

La Junta de Castilla y León tutela a 157 niños y adolescentes de Salamanca –1.236 de toda la comunidad–; de ellos, el 55% vive en una familia de acogida, es el sustituto más idóneo, el que defiende la legislación nacional y la autonómica, las organizaciones europeas, los expertos y el sentido común. Pero no siempre es posible facilitar un entorno tan favorable para un menor desprotegido, bien porque faltan hogares dispuestos o por circunstancias de los propios pequeños y de sus padres biológicos.

Desaparecieron los orfanatos y, con ellos, el miedo y las historias tenebrosas sin futuro y con poco presente. En realidad, ya no hay niños huérfanos ni apenas bebés institucionalizados. Tampoco ya, aquellas Casas Cuna. El sistema de adopciones agiliza todo el proceso para que los recién nacidos dados en adopción estén los tres preceptivos meses para que la madre biológica confirme su decisión y, mientras tanto, el pequeño pasa del hospital directamente a una familia de acogida hasta su amparo definitivo en la de adopción.

Y cuando el desamparo le llega a niños muy pequeños también tienen preferencia en esta fórmula; aunque hay centros en cada ciudad de la comunidad para acoger a niños de cualquier edad y, en general, trabajan con tramos de hasta los 8 años, desde los 9 a los 12 y, desde esta edad hasta los 18. La mayoría de edad no corta este cordón umbilical, y no solo de una manera personal con los educadores que han amparado su infancia y adolescencia, sino con recursos como los de transición hasta que logran empleo e independencia, hasta que construyen por completo su propia vida.

Aunque varían, algunos son más parecidos a residencias y otros a viviendas normales, la tendencia de los centros de acogimiento –públicos o concertados– es la de parecerse tanto a una casa normal que, en realidad, lo es. Ni rótulos ni oficinas. Ni construcción ni organización grande e institucional. Hogares. Algo más grandes, pero no excesivos y, eso sí, con un equipo de educadores, psicólogos, trabajadores sociales... detrás para eliminar la palabra 'riesgo' acompañando a la de menor.

En Salamanca, son 71 los niños y adolescentes que viven en algunos de los diez centros de la provincia y 157 los casos de tutela de la Junta. Algunos menores han llegado a estas casas por carencias materiales o de medios para garantizar una vida equilibrada, pero no de cariño. Otros vienen de entornos realmente agresivos, del maltrato, de padres toxicómanos o con otras adicciones, de más allá del abandono afectivo, de historias incontables, imborrables en cuerpos todavía pequeños, en mentes vulnerables; pero con daños reparables. Desaparecieron los orfanatos pero no el dolor.

Una casa. Un hogar con cocina, dormitorios de una, dos o tres camas, con salón, biblioteca y cuarto de juegos, futbolín, música y hasta un saco de boxear para desahogar desasosiegos. Dos chalés adosados, unidos por el interior y sumando doce plazas, la mitad para chicos y la otra para ellas, ofrecen un espacio a la normalidad. Sus libros, sus juegos, su sala con televisión y su participación en la vida interior de la vivienda, desde hacer las camas a participar en la limpieza a cumplir con sus deberes y las sesiones terapéuticas construyen normalidad. Todo ello configura uno de estos centros de acogida, el de la Fundación Cruz de los Ángeles en Valladolid con quien la Junta tiene concierto; pero no es el único. Hay nueve centros en Salamanca de similares características y 60 en toda Castilla y León.

Los menores, dieciséis en este caso, van al colegio de la zona, comparten las actividades del barrio, eligen deporte o baile o música, invitan amigos a casa, celebran cumpleaños... un entorno que les da una vida normal, casi normal. Entre ellos son casi hermanos y los educadores tienen algo de padres; aunque muchos rodean su cama o armario de fotos de su familia biológica, de una cercanía emocional de otros hermanos, de unas padres que sí sienten muy dentro. Muchos desean volver. Muchos no quieren de ninguna manera. Algunos ven a sus padres en fiestas, vacaciones, fines de semana o, incluso alguna tarde más... otros, jamás. Es sencillo, cada niño lleva una carga emocional, una vida y una mirada hacia el futuro. Son 71 en la actualidad, miles los que ya han pasado por una vida que se reconstruye en hogares. Ellos lo tienen claro, y aunque ni nombres ni rostros pueden, ni deben, asomar a la luz pública, hablan de este centro como de su casa, invitan a amigos y se mueven en ella, y aprecian su limpieza, sus muebles, el calor de la calefacción... como si fueran privilegios.

Virginia Conde es la responsable de esta unidad de convivencia y Susana Aguado la psicóloga que acompaña, junto a todo un equipo, a estos pequeños y ambas aseguran que «ellos lo asumen con naturalidad, no lo ocultan en general y eso que tienen cada uno una buena mochila a cuestas». Siete personas, por turnos, trabajan en el amparo de este grupo de niños y adolescentes que, al menos, pasan un curso entre sus puertas y, en ocasiones, toda una infancia y adolescencia para no volver nunca junto a sus padres, luego se emancipan. Todos tienen un profesional de referencia, un coordinador de caso.

Protección jurídica y administrativa amparan a estos menores en un sistema que interviene en diferentes grados según situaciones para asegurar «la atención integral». El concepto institucional de protección de la Junta es muy amplio y actúa en diferentes ámbitos, educativo, sanitario, policial... y en los casos de riesgo leve o grave pero con la colaboración de la familia son los Servicios Sociales básicos los que intervienen desde las entidades locales. En las situaciones más graves y sin allegados dispuestos al amparo, es cuando la Junta interviene, incluso separando de forma forzosa, con amparo judicial, al niño de su familia. También en los casos de desamparo, cuando hay un incumplimiento imposible o inadecuado de los deberes hacia un menor tanto físicos como morales. La guarda en manos de la Junta también puede ser de forma voluntaria, a petición de los padres. Cuando no es posible o adecuado el acogimiento familiar, el alojamiento y la atención del pequeño llega de manos de estos centros.

El acogimiento residencial tiene como finalidad «contribuir a la creación de las condiciones que garanticen la adecuada cobertura de las necesidades físicas, psíquicas, emocionales y sociales del menor y el efectivo ejercicio de sus derechos, para que favorezcan su integración familiar y social y permitan su desarrollo adecuado, todo ello en el marco del Plan de Caso y del de Intervención Individualizado de carácter socio-educativo», destacan fuentes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

La vida de estos niños y adolescentes en un centro bajo la tutela de la Junta está acompañada de intervenciones diferentes en función de sus necesidades y rasgos característicos. Así, puede formar parte de programas de atención terapéutica o rehabilitación de las secuelas emocionales resultantes del maltrato sufrido; de acompañamiento externo, apoyo y mediación social, que complementen o refuercen la preparación para la vida independiente; de apoyo conductual e intervención en crisis, para propiciar el control de falta de adaptación; de socialización, para la intervención intensiva en los supuestos de menores con graves problemas de inadaptación o desajuste social y de preparación para la vida independiente, que incluye formación e inserción laboral.