La nueva ley regional del transporte «tiene que ver la luz en esta legislatura»

Suárez-Quiñones explicó que la Junta está «promocionando la nueva ley de transportes de Castilla y León» que pretende «dar la vuelta al sector». La normativa «responderá a las necesidades de desplazamiento de las ciudades, con una mínimo impacto ambiental y con un menor coste social, económico y energético, favoreciendo la intermodalidad». A preguntas de los asistentes al Foro, el consejero añadió que los transportes metropolitanos entre las capitales de provincia y los alfoces tendrán «una nueva configuración».

Suárez-Quiñones argumentó que el mapa del transporte interurbano «data de los años 80, con una población y unos flujos de transporte de los años 80, muy distintos a los actuales. Hay población donde no la había y las necesidades son distintas. Las ciudades y los pueblos son distintos» y la Junta «aprovechará» la aplicación de un reglamento europeo que obligará a licitar en 2019 las concesiones de transporte metropolitano. «Vamos a aprovecharlo para el nuevo mapa del transporte urbano e interurbano, para mejorar la eficiencia, la eficacia, el precio... será una oportunidad y la Junta trabajará con todos, con ayuntamientos, ciudadanía, etc., para tener un nuevo transporte del siglo XXI». La nueva legislación mejorará la «coordinación» entre las capitales y los pueblos que la rodean.

La ley regional del transportes no sólo traerá cambios a las conexiones metropolitanas, sino también al medio rural. Los peores años de la crisis rebajaron las frecuencias y redujeron los recursos del transporte a la demanda, que ahora «llegará a todos los pueblos de Castilla y León. Según el consejero «ya no habrá autobuses vacíos» sino servicios de taxi o microbús que irán a los pueblos a buscar a las personas que necesiten desplazarse.

Las elecciones están a poco más de un año vista y una norma así exige muchos meses de trabajo, pero la ley «tiene que ver la luz en esta legislatura porque es una oportunidad para Castilla y León». Juan Carlos Suárez-Quiñones comentó que el proyecto pasará por el Consejo de Gobierno «y entrará próximamente en las Cortes» para su debate y tramitación. La Junta trabajará para alcanzar «consensos sociales y políticos para que tenga apoyo. Nos gustaría que fuera apoyada por C’s y PSOE. Entendemos que puede llegar a ser así. Estamos incorporando propuestas y planteamientos de partidos para que el primer texto de este anteproyecto se pueda aprobar en el Consejo de Gobierno, que lleve un preconsenso que haga más fácil la tramitación».

La nueva ley del transporte también ampara las renovaciones de las estaciones de autobús de la región. El consejero confía en que las obras de la estación de Salamanca estén terminadas en 2019. Tras Salamanca intervendrán «en estaciones pequeñas, como Ciudad Rodrigo» y en el resto de capitales de provincia. «La próxima será León» y seguirán «Palencia, Soria y Segovia».

En materia ferroviaria, el máximo responsable de Fomento y Medio Ambiente abogó por potenciar la «intermodalidad» y el transporte de mercancías y defendió la necesidad de mejorar algunas conexiones como Ávila-Madrid o Soria-Torralba.

Suárez-Quiñones dedicó una parte importante de su intervención a defender las «estrategias de regeneración urbana» de la Junta de Castilla y León. La Administración regional «empezó a hacer los deberes» en 2011, apostando por las ‘3R’ (regeneración, rehabilitación y renovación) de barrios «envejecidos, desfavorecidos, deteriorados social y físicamente, en los que se puede dar exclusión y deficiencia energética».

El resto de España pecó de «perezosa», con una «construcción expansiva insostenible». Castilla y León aplicó las ‘3R’ en materia normativa, estratégica, de fomento y de inversiones. «Le hemos dado la vuelta al derecho urbanístico», resumió el consejero. La región dispone de normativas sobre regeneración urbana, ha fomentado la colaboración pública y privada para adecuar las actuaciones a las demandas del mercado y ha realizado «un gran esfuerzo inversor» a través de los programas Aris y Arus. Concretamente 282 millones de euros para reformar más de 15.000 edificios en toda la Comunidad y mejorar su eficiencia energética y su habitabilidad.

«Hemos hecho buena política, que se muestra no en la expansión de la construcción, sino en ver cómo estaban los barrios. Hemos aportado más calidad de vida». Castilla y León «está en el buen camino». El consejero puso el ejemplo de las convocatorias individuales para reformar viviendas. El año pasado la Junta habilitó una partida de 7 millones y sólo concedió 5 porque no hubo suficientes peticiones. En 2017 ha presupuestado 7,3 millones y no sólo los ha cubierto holgadamente, sino que «hubiéramos necesitado otros 7 millones» para cubrir toda la demanda porque «se han quedado fuera casi 200 proyectos».

El Ejecutivo «no va a dar ayudas incondicionales» para reformar viviendas. La Junta respaldará «los mejores proyectos para fomentar la rehabilitación» y mantendrá su rol como «tractor» de la iniciativa público-privada . El sector público «tiene la obligación» de ‘tirar’ del sector privado «cuando detecta un hueco, cuando detecta que hay que mover la iniciativa privada». Los vecinos de un bloque de viviendas de Burgos de una zona «industrial y envejecida» comenzaron a ahorrar para reforma su inmueble. Finalmente obtuvieron una ayuda Aris con la colaboración del Ayuntamiento y la Junta y pudieron acometer la rehabilitación. «La propiedad», concluyó el consejero «ha triplicado su valor. Es un ejemplo de colaboración».

Pese a todo, el consejero cree que aún hay que incentivar «la cultura de la rehabilitación y la «sostenibilidad» entre constructores, administradores de fincas y propietarios.

Finalmente, Juan Carlos Suárez-Quiñones vinculó la rehabilitación y el nuevo reglamento ccon el compromiso «legal, político y administrativo en todos los ámbitos» con la accesibilidad.