En unos días en los que los impuestos han cobrado protagonismo, el PSOE ha planteado al equipo de Gobierno municipal pactar una ofensiva fiscal propia del Ayuntamiento de Salamanca con congelación «real» de impuestos y la vuelta de una de las tasas eliminadas en pandemia, ... la de las terrazas, más de 600.000 euros perdonados cada uno de los tres años que se ha aplicado la exención. Ese es el contenido de la propuesta desgranada este jueves por el portavoz del grupo municipal socialista, José Luis Mateos, que ha sido el primero en poner sobre la mesa públicamente el 'melón' de las terrazas.
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En concreto, la oferta consiste en una congelación total de todos los impuestos y tasas municipales. Desde hace años, el consistorio mantiene congelados los principales impuestos y servicios, como el IBI (que se bajó un 5%) y el IAE o los precios del bus. Sin embargo, hay otros precios públicos que escapan a esa congelación y sí suben: se actualizan al IPC anual. Eso afecta, por ejemplo, al ticket de la zona azul, por ejemplo. Y ahí es donde entra la propuesta socialista.
Mateos ha ofrecido al equipo de Gobierno de PP y Cs que no se traslade a los precios públicos el IPC, que este año será muy alto (el 9% este septiembre) y que podría afectar de manera severa a algunas tasas e impuestos. En su lugar, y dado que la actualización es obligada en algunos servicios, propone que las arcas municipales asuman la diferencia y no la repercutan a los contribuyentes.
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En concreto, el PSOE reclama una congelación de tasas, precios o tarifas en el servicio municipal de agua, recogida de basuras, uso de instalaciones deportivas como piscinas municipales, transporte público, ordenanza reguladora de aparcamiento y servicios funerarios, entre otros.
Volver a cobrar por las terrazas
Además, Mateos ha desvelado posteriormente su postura con respecto a una tasa importante, la de la ocupación de vía pública con sillas y mesas, la tasa de terrazas. Esta tasa está bonificada desde 2020 y los establecimientos no la pagan porque así lo decidió el consistorio como medida de apoyo a la hostelería durante la crisis del Covid. Y así se ha mantenido tres años completos ya que se decidió prorrogar la medida en 2021 y extenderla también a 2022.
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Ahora, entiende Mateos, la situación de emergencia no es tal. Hace meses que se levantaron las restricciones para consumir en interior de locales y no hay limitaciones legales que afecten al aforo o la operativa en bares y restaurantes. Por eso, entiende que, después de tres años de perdonarla, es hora de volver a cobrar la tasa, que supone un ingreso de más de 600.000 euros anuales al que el consistorio ha renunciado los últimos tres años completos.
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