Mañueco reitera su «confianza plena» en la Justicia en el caso de las primarias del PP de Salamanca

Fernández Mañueco se manifestó así en relación a que el jueves se conociera que la Audiencia Provincial de Salamanca ratifica la condición de investigados del presidente y la gerente del PP salmantino por el caso de primarias.

«Sobre este asunto llevamos tres años y algo más de cinco meses y siempre he dicho lo mismo, confianza plena en la justicia», indicó en declaraciones recogidas por Ical, posteriores al acto de toma de posesión de los presidentes de los consejos sociales de las cuatro universidades públicas de Castilla y León.

La Audiencia Provincial de Salamanca ha decidido desestimar los recursos presentados por el presidente y la gerente del Partido Popular de la provincia, Javier Iglesias e Isabel González, respectivamente, contra su condición de investigados por un presunto delito de financiación ilegal en la instrucción abierta por el Juzgado número 2 de la capital ante las actuaciones realizadas por la formación durante el proceso de primarias del partido en Castilla y León de 2017, en las que resultó elegido Alfonso Fernández Mañueco.

En un auto del 24 de noviembre de 2021, el juzgado de instrucción número 2 de Salamanca citaba a declarar en calidad de investigados a Javier Iglesias, presidente del PP de Salamanca, Isabel Sánchez, gerente del partido en la provincia, y al propio partido en relación con la investigación abierta por los pagos para sufragar cuotas impagadas de afiliados que participaron en las elecciones primarias del PP en 2017.

La Audiencia Provincial ha confirmado la condición de investigados (antes, bajo la denominación jurídica de imputados) por la organización de un sistema para recaudar dinero entre cargos institucionales y orgánicos del partido. Esos fondos se destinaron al pago de cuotas impagadas de afiliados, de cara a su participación en las primarias internas en las que Alfonso Fernández Mañueco se presentaba para ser presidente del partido en Castilla y León y, por ende, presentarse como candidato del PP a presidente de la Junta.

Durante la investigación, la Audiencia de Salamanca ha considerado probado que entre el día 31 de diciembre de 2016 y el día 17 de marzo de 2017 se amortiza una deuda por cuotas de afiliados en la suma total de 61.937,65 euros lo que en el auto de la presidenta del tribunal se califica como «campaña orquestada y organizada» porque «no parece que las aportaciones fueron el resultado de un movimiento espontáneo». El auto recoge que varias declaraciones testificales practicada hasta ahora en la investigación hacen referencia al protagonismo de Iglesias en la iniciativa de las donaciones.

Las aportaciones fueron en tres formas. Cuotas abonadas por transferencias a favor de la cuenta bancaria del Partido Popular entre el 1 y el 16 de marzo de 2017 por importe total de 4.012,15 euros; cuotas abonadas por afiliados a través de ingreso directo en referida cuenta bancaria por importe total de 7.004 euros; cuotas abonadas por afiliados para posterior ingreso nominativo en referida cuenta bancaria por importe total de 9.431,50 euros; y cuotas de afiliados abonadas en referida cuenta bancaria por cargos electos, personal de confianza y afiliados que colaboraron voluntariamente en el pago de las cuotas de «afiliados morosos» por importe total de 41.490 euros.

En relación a la última partida de 41.490 euros abonada en la cuenta bancaria del Partido Popular, se supone que responde a abonos voluntarios en el período de 10 a 17 de marzo de 2021 para pago de las cuotas de «afiliados morosos», recaudados mediante pagos voluntarios en efectivo que se entregaron para tal finalidad numerosos cargos, como se ha documento en declaraciones juradas, ascendiendo a la suma total de 17.350 euros el importe de referidos abonos voluntarios, con lo que queda sin justificar la suma de 24.140 euros que ha de calificarse como donación anónima ilegal.

El PP y los cargos donantes han intentando justificar otras cantidades, pero hay una suma sin justificar de al menos 7.090 euros que se consideraría donación anónima y que es ilegal según la ley de financiación de partidos.