Llarena declina «adelantar posiciones sobre cuestiones aún no resueltas»

El eje de su intervención en Salamanca fue la posición de la justicia española sobre la exclusión de las pruebas obtenidas ilícitamente o aportadas por un particular en un procedimiento.

En su exposición, Llarena recordó cómo han evolucionado las posturas sobre esta cuestión a lo largo de los años, desde la concepción «utilitarista» del proceso penal en el siglo XIX, cuando la prueba «solo interesaba si acreditaba el delito», pero no importaba cómo se obtenía, a las aportaciones de la jurisprudencia estadounidense, que consagra que la prueba «tiene que ser obtenida de una determinada manera» para proteger los derechos de los acusados y evitar la tentación de conseguirlas con menoscabo de aquéllos.

Pese a todo, la justicia de EE UU prevé diversas excepciones para dar por buenas las pruebas obtenidas de forma irregular.

Llarena explicó las diferencias de criterio entre el Constitucional y el Supremo y concluyó explicando que en el sistema español finalmente se posicionó hacia la aceptación de la prueba por parte del Estado «siempre que se haya obtenido por un particular, que su actuación esté desconectada de la estatal, y que sea ajena a la voluntad de fabricar o buscar pruebas» por parte de dicho particular, ha apostillado. En el 'caso Falciani' se planteó «la necesidad de excluir o no la prueba adquirida ilícitamente por un particular» a través del «quebranto bancario». En este aspecto, el posicionamiento español sufre un problema, porque, aunque en España no existe la figura de las recompensas, sí en países del ámbito anglosajón, donde «existe la posibilidad de fomentar la declaración de delitos a cambio de recompensas económicas», por lo que «en un mundo transacional, ¿quién dice que no tengamos que usar una prueba obtenida ilícitamente por un norteamericano para cobrar una recompensa?». Por ello el magistrado se muestra partidario de «reformular o matizar nuestro posicionamiento».

Las jornadas de ayer, organizadas por Tormes Motor, también contaron con la presencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción; del fiscal del Supremo, Antonio del Moral, del juez de la Audiencia Nacional, Enrique López, y del magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Oviedo, Javier Gustavo Fernández Teruelo.