El juez que instruye la investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular en Salamanca coincidiendo con las primarias autonómicas de 2017, las que ganó Alfonso Fernández Mañueco, ha rechazado las alegaciones del PP, de su presidente en esa provincia, Javier Iglesias; y de ... la gerente, Isabel Sánchez, que reclamaban dejar fuera de la causa un documento anónimo presentado en diciembre y al que el instructor decidió dar trámite y remitir a las partes la semana pasada: las defensas, la acusación popular que impulsa el Foro de Izquierdas-Los Verdes y la Fiscalía.
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El documento que llegó al juzgado sin remitente ni firma, de manera anónima. Relata supuestas reuniones y personas participantes en esos encuentros, entre ellas menciona al entonces alcalde de Salamanca y hoy presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, además de concretar cuestiones que se abordaron sobre la campaña de aportaciones que se activó desde la dirección del PP para pagar cuotas atrasadas de afiliados morosos con el fin ampliar el censo de votantes de las primarias para suceder a Juan Vicente Herrera. Estar al corriente de pago era un requisito para poder votar. Dirigentes del PP salmantino han reconocido esas aportaciones en declaraciones juradas, tras las cuales fueron citados más de 50 cargos, asesores en el Ayuntamiento y la Diputación y trabajadores del partido por el juez para declarar.
La investigación sobre el origen de esas aportaciones ha llevado al instructor a pasar de testigos a «investigados» tanto al Partido Popular, como a Javier Iglesias y a la responsable de la gerencia por entender que existen «indicios racionales de la presunta comisión de un delito de financiación ilegal de partido político».
El instructor desestima la pretensión de los investigados de hacer caso omiso de este documento anónimo y excluirlo de las actuaciones. Decide mantenerlo en la causa, aunque precisa que se «limita a incorporarlo» para poner su contenido en conocimiento de las partes, «sin otorgar al referido 'escrito anónimo' ningún valor probatorio ni derivándose del mismo la práctica de actuación procesal alguna». El juez incide en que dado que no se conoce el autor de ese relato, en este momento «deviene imposible someterlo a ratificación ni a aclaraciones por el remitente desconocido, siendo igualmente imposible someterlo a contradicción».
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La decisión del instructor ha trascendido días después de la citación para declarar como investigados y acompañados por abogados de Javier Iglesias, presidente de la Diputación y del PP, y del propio Partido Popular como persona jurídica. Eso fue el lunes, 17 de enero. Génova envío una representante que se acogió ante el juez, a su derecho a no responder preguntas. Javier Iglesias evitó cruzar la puerta del juzgado en el último momento, alegando molestias por la vacuna de la covid-19, y se conectó por videoconferencia para acogerse a su derecho a no declarar.
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