Los jueces consideran «urgente» crear otro Juzgado de Familia y aumentar la plantilla

La última manifestación palpable del profundo malestar que palpita en las filas del personal del sector judicial es el jugoso y pormenorizado informe que el juez decano de los juzgados de Salamanca y magistrado juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca, Juan Rollán García, ha remitido al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, donde recapitula los hechos más relevantes que acontecieron durante el año judicial de 2018 en el ámbito del Decanato de los Juzgados salmantinos, así como el abanico de necesidades que deben ser resueltas a lo largo de la presente anualidad. Precisamente, este informe formará parte de la memoria anual que confeccionará el TSJCyL.

Tras describir de forma pormenorizada el volumen de asuntos y la carga de trabajo que soportó cada órgano del partido judicial salmantino durante 2018, especificándose el total de asuntos judiciales que entraron en cada juzgado y el número de resoluciones finales (como fueron las 6.996 sentencias dictadas), el informe plantea de forma contundente la «urgente creación a lo largo del año 2019 de un nuevo Juzgado de Familia, Incapacidades e Internamientos, cuya numeración correlativa sería de Juzgado de Primera Instancia número 10 de Salamanca».

El juez decano argumenta esta petición al recordar que durante el periodo comprendido entre los años 2011 y 2018 no se ha constituido ningún órgano judicial ni ninguna unidad judicial nueva. Además, esta reivindicación se justifica en virtud de los datos de ingreso de asunto totales en el actual Juzgado de Primera Instancia número 8 de Familia, Incapacidades e Internamiento», que alcanzó los 2.280 en 2015, los 2.190 en 2016, los 2.100 en 2017 y los 2.221 en 2018. El pasado año también se contabilizaron 797 autos y 671 sentencias.

El capítulo de necesidades de plantilla y recursos humanos engloba varias peticiones. Se precisa «de manera urgente» que una persona que se ocupe del servicio de atención e información al público en la puerta principal del edificio de los Juzgados de la plaza de Colón, y que, asimismo, se ocupe de la ayuda al público en la zona de acceso a la Sala de Bodas y a la Sala de Exploración del Menor de los equipos psicosociales. Este perfil podría cubrirse con la convocatoria de la correspondiente plaza, lo que obligará a acometer una ligera modificación en la relación de puestos de trabajo y en el caso de que no se crease dicha plaza, mediante un ordenanza o por personal auxiliar de servicios. Además, el servicio común de Registro y Reparto precisa de un funcionario del cuerpo de Tramitación para ocuparse de la aceptación telemática de atestados y del registro de asuntos penales.

Por su parte, el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Familia necesita aumentar la plantilla en un funcionario del cuerpo de Tramitación o, subsidiariamente, la ampliación de plantilla a través de un funcionario de refuerzo, para dar una adecuada respuesta procesal al incremento de la carga de trabajo. Además, el Juzgado de Primera Instancia número 9 también requiere «de manera urgente» incrementar la plantilla en dos funcionarios del cuerpo de Tramitación para atender el considerable volumen de asuntos a los que se enfrenta.

En el caso del Juzgado de Instrucción número 3 y de Violencia sobre la Mujer se precisa aumentar la plantilla en un funcionario del cuerpo de Tramitación para atender el volumen de asuntos en la sección civil de Familia, habida cuenta del aumento de procedimientos civiles de familia atribuidos a su competencia según la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Los cuatro Juzgados de Instrucción, según se relata en el informe, reciben declaraciones en la llamada Sala de Interrogatorios, ubicada en el interior de cada uno de los Juzgados, y precisan ser dotadas de «condiciones dignas y salubres, ya que carecen de iluminación natural y de una mínima ventilación». A estos efectos, únicamente se ha instalado un aparato de aire acondicionado en la Sala de Interrogatorios del Juzgado de Instrucción número 3 y de Violencia sobre la Mujer, siendo necesario este mínimo acondicionamiento en las demás.

Asimismo, resulta preciso dotar a todas las Salas de Interrogatorios de los Juzgados de Instrucción números 1, 2 y 4 de «sistemas de videoconferencia para llevar a cabo las declaraciones de investigados, perjudicados y testigos en fase de investigación en procedimientos propios», dado que la actual dependencia de salas de vistas libres para practicar videoconferencias en asuntos propios «dilata la correcta instrucción de las causas, cuyo plazo, conforme ordena el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es de seis meses».

Además, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 5 de Castilla y León y Juzgado de Menores de Salamanca, por falta de espacio en el Edificio de los Juzgados de la Plaza Colón, se ubican en la sede de la Gran Vía, justo en el mismo edificio que alberga la Audiencia Provincial, sufriendo ambos órganos judiciales unipersonales «necesidades y deficiencias que deben ser paliadas por el Ministerio de Justicia». También resulta preciso dotar al Juzgado de Menores de una dependencia separada como Sala de Testigos», para evitar la coincidencia de los menores enjuiciados con los testigos y víctimas. También hace falta una «reforma integral» de las dependencias del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.