Javier Iglesias declara durante más de una hora sobre el pago de cuotas para votar en las primarias de Mañueco

El político popular abre la ronda de citaciones promovida por la Audiencia Provincial de Salamanca y por la que prestarán declaración judicial otros 35 dirigentes del partido, entre los que se incluyen parlamentarios nacionales y autonómicos y personas del entorno del presidente de la Junta, incluidos altos cargos del Gobierno autonómico, y que se amplia a la gerente del partido, según han confirmado fuentes jurídicas. La citación de Iglesias era para el día 9, pero pidió que se pospusiera su declaración por cuestiones personales. Las declaraciones se prolongarán hasta junio, puesto que requieren que esté libre una sala de vistas para su grabación en vídeo.

Al menos 32 de esos dirigentes habían prestado declaración jurada sobre la aportación de fondos con los que se pusieron al día las cuotas de militantes morosos. La gerente del PP de Salamanca ya había declarado con anterioridad y reconoció ante el juez que la documentación contable aportada no había sido elaborada por ella, sino por otros dirigentes del partido, además de asegurar que quienes presentaron declaración jurada por las aportaciones nunca le dieron cuenta de ese dinero.

Antes que Javier Iglesias, el juez había citado a César Gómez Barthe y Celada, que formó parte de la directiva del PP de Salamanca como secretario de coordinación de grupos institucionales y secretario de Nuevas Generaciones en esta provincia.

Fuentes jurídicas han apuntado que el presidente del PP salmantino ha argumentado, sobre todo ante las preguntas del juez instructor y del abogado que ejerce la acusación del Foro de Izquierdas Los Verdes, que no podía concretar pormenores de datos o nombres de personas al haber transcurrido cuatro años sobre lo que se le preguntaba.

Las diligencias indagatorias tienen su origen en la denuncia que presentó un militante del PP salmantino, que relató que dirigentes del partido abonaron sus cuotas atrasadas para que pudiera votar en el proceso de primarias y que le invitaron a apoyar en el mismo a Alfonso Fernández Mañueco. El denunciante, que falleció meses después de efectuar la denuncia, dejó grabado un vídeo sobre los hecho que puso en conocimiento de juzgado.

El último auto de la Audiencia Provincial, conminando al juez instructor de la causa (por tercera vez) a practicar más diligencias para esclarecer los hechos denunciados recogía que «si algo queda claro es la opacidad en las operaciones llevadas a cabo para poner al día las cuotas de afiliados morosos».

Los magistrados de la Audiencia, además de ordenar que se tomara testimonio a estos cargos, dirigentes y afiliados del PP, instaron al instructor de la investigación a que requiriera un exhaustivo listado de documentación bancaria y contable para comprobar que esas aportaciones se hicieron de forma legal, puesto que la normativa prohíbe a los partidos políticos aceptar o recibir directa o indirectamente donaciones anónimas, finalistas o revocables y regula de forma estricta el modo en que deben pagarse las cuotas de los afiliados. Las aportaciones que se investigan se habrían hecho, presuntamente, en mano y sin registro bancario. Estas pruebas las requería la acusación popular y el instructor no las había admitido, de ahí el recurso ante la Audiencia, tercero que ha promovido la acción popular de Foto de Izquierdas Los Verdes.

Los magistrado de la Audiencia de Salamanca, en el auto que reactivaba la investigación, defendían que el PP debía facilitar los datos de las cuentas bancarias abiertas para el ingresos de cuotas de los afiliados, para las donaciones y otras aportaciones. También la contabilidad del partido de 2017, la auditoría interna que se envío a Génova y al Tribunal de Cuentas, el certificado con la relación de morosos a fecha de diciembre de 2016 y la deuda que tenían todos ellos, además de los ingresos por cuotas hasta el 17 de marzo de 2017, entre otros documentos.

Una parte de esa documentación fue aportada por el PP a finales de enero, el día 26, dos semanas antes de que la Audiencia comunicara su decisión a los implicados en el procedimiento judicial.

El PP de Salamanca envió entonces, a principios de febrero, un breve comunicado en el que valoró que el auto «no realiza imputación de conducta delictiva a ningún cargo o afiliado» y que «se limita a ordenar la práctica de más diligencias con el fin de verificar si todo el dinero recibido de cargos del partido para el pago de cuotas se destinó solamente a dicho fin». Concluía la nota asegurando que «el Partido Popular de Salamanca reiteraba su total disposición para colaborar con la Justicia, como siempre lo ha hecho. Colaboración absoluta para facilitar su labor» en lo que requiera el juez instructor o la Audiencia Provincial de Salamanca.