Javier Iglesias elude ir al juzgado y por videoconferencia decide no declarar sobre la financiación del PP

Tanto Iglesias como el representante del PP (el partido también está investigado como persona jurídica y lo ha representado una responsable llegada de Madrid) han justificado la decisión de no responder porque está recurrida esa imputación por un presunto delito de financiación ilegal de partido político ante la Audiencia Provincial de Salamanca. En opinión de Francisco Martín del Río, letrado de la acusación que promueve el Foro de Izquierdas-Los Verdes, una «triquiñuela» o estratagema «para no venir a dar la cara, es una persona a la que estamos pagando un sueldo muy importante todos los ciudadanos. El auto del juez es un auto muy fundamentado, un asunto muy trabajado, se apoya en un informe del fiscal brillante, con cantidad de dato y todos ello podían haberse explicado y ni uno ni otro han querido decir absolutamente nada».

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El Norte

El 3 de marzo declarará la gerente del Partido Popular, retrasada justificadamente por cuestiones personales. Será la tercera ocasión en la que declare la responsable de las finanzas del PP, que en anteriores ocasiones ha manifestado que estaba al margen de esas aportaciones de dinero que se hicieron en los días previos a las primarias para poner al corriente de pago a afiliados seleccionados por Javier Iglesias y su entorno y que así pudieran votar en el proceso interno que enfrentó a Alfonso Fernández Mañueco y Antonio Silván.

La acusación ha pedido una batería de pruebas adicionales, entre las que reitera la solicitud de que declare Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta y del PP de Castilla y León. El juez ha desestimado hasta este momento citar al máximo responsable del PP en la comunidad argumentando que su testimonio no iba a aportar nada nuevo a las declaraciones del numeroso elenco de cargos y asesores del PP que han tenido que declarar en la instrucción. La acusación ha recurrido esa decisión del instructor a la Audiencia de Salamanca.

Era la segunda vez que declaraba ante el juez Javier Iglesias. Lo hizo en primavera, como testigo, abriendo un listado de cerca de 60 personas ligadas al PP, en una instrucción que ha avanzado a lo largo de tres años. La acusación mantiene que se ha blanqueado dinero con un largo listado de cargos asumiendo cantidades fraccionadas con declaraciones juradas que serían donaciones que son ilegales en el caso de partidos políticos.

El juez ha hecho ver a la representante del PP y al propio Javier Iglesias que no contestar podía tener una valoración jurídica en el ámbito de la colaboración con la Justicia.