El Gobierno tumba las reclamaciones valencianas por los legajos del Archivo

El Senado ha sido y continúa siendo uno de los escenarios donde se disputa esta particular batalla entre comunidades autónomas en torno a la ubicación definitiva de la documentación del convulso periodo de la II República y de la sangrienta Guerra Civil que fue requisada por el régimen del general Franco y quese encuentra depositada y almacenada desde hace décadas en las estanterías del Palacio de San Ambrosio, sede primigenia del Archivo salmantino, reconvertido y bautizado desde hace unos años bajo la denominación de Centro Documental de la Memoria Histórica y que cuenta actualmente con dos sedes: el inmueble histórico ubicado en la calle Gibraltar y la nueva sede edificada en la plaza de Los Bandos.

Ha sido precisamente en la Cámara Alta donde se ha desatado una nueva ofensiva por los 'papeles de Salamanca' en los últimos meses, protagonizada en esta ocasión por el Grupo Parlamentario Mixto, que formuló entre mayo y diciembre del pasado año nada más y nada menos que siete preguntas dirigidas al Ejecutivo y presentó incluso una moción, exigiendo al Gobierno que ordenara el trasladado a la Comunidad Valenciana de los fondos valencianos que aún permanecen guardados en el Archivo salmantino. En realidad, todas las interrogantes parlamentarias sobre dichos fondos, pese a partir desde las filas de esa dispar y variopinta amalgama de fuerzas políticas que se cobijan bajo el paraguas del Grupo Mixto, tenían un único e inequívoco color ideológico, dado que fueron rubricadas por el senador de Compromís, Carlos Mulet, quien también es uno de lo tres firmantes de la moción.Compromís gobierna en coalición con el Partido Socialista del País Valenciano (PSVP) de Ximo Puig, correligionario del presidente Pedro Sánchez.

En sus preguntas, Mulet recordaba que el régimen de Franco incautó de forma arbitraria numerosa documentación de un extenso listado de municipios valencianos y de ciudadanos particulares pertenecientes al bando republicano de aquella región. Todos esos papeles acabaron siendo enviados al Archivo de Salamanca y, según Mulet, fueron utilizados para recabar información con el fin de aplicar la represión por parte del régimen imperante contra sus detractores, en este caso sobre los que vivían en aquellos años en la Comunidad Valenciana. Mulet interpelaba al Ejecutivo si tenía intención de devolver esta documentación a Valencia sacándola del Archivo salmantino y asentó y fundamentó sus planteamientos rememorando que las Cortes valencianas ya aprobaron una declaración en el año 2004 solicitando el reintegro aValencia de toda la documentación.

La respuesta delGobierno a las preguntas de Mulet ha sido contundente, negándose frontalmente a trasladar estos legajos a tierras valencianas, una actitud que difiere radicalmente de la que mantiene el Ejecutivo de Pedro Sánchez en torno a las nuevas reclamaciones que planteó el pasado 18 octubre la Generalitat de Cataluña al ministro de Cultura, José Guirao, durante la reunión que mantuvo en aquel día el propio Guirao con la consejera catalana de Cultura, Laura Borrás.Tras aquel encuentro, Borrás dio por sentado que el Ministerio de Cultura daría luz verde al traslado a Cataluña de los nuevos fondos que reclama la Generalitat (unos 43.000 que se sumarían a los 400.000 que ya fueron entregados aCataluña en sucesivas remesas desde el año 2006). De hecho, las instituciones salmantinas, como son los casos del Ayuntamiento y la Diputación provincial, así como la Junta de Castilla yLeón reaccionaron rápidamente y se apresuraron a expresar su total oposición a cualquier envío de nuevos documentos a Cataluña. La máxima expresión de este rechazo se escenificó en el encuentro que el entonces alcalde de Salamanca, AlfonsoFernández Mañueco, y la consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla yLeón, Josefa García Cirac, mantuvieron el 11 de diciembre en la sede delMinisterio de Cultura en Madrid con José Guirao.

La contestación en sede parlamentaria delGobierno a las pretensiones de Compromís no deja lugar a ninguna duda y resulta especialmente jugosa. El Gobierno argumenta en su respuesta que la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica, establecía en su disposición adicional primera que «la restitución de los documentos, fondos documentales y efectos a las personas naturales o jurídicas de carácter privado podrá llevarse a cabo por las Comunidades Autónomas que lo soliciten, de acuerdo con el procedimiento que el Gobierno establezca y de conformidad con los requisitos previstos».

En este sentido, hay que señalar –se recuerda en el texto de la respuesta– que el Gobierno promulgó el Real Decreto 2134/2008, de 26 de diciembre, por el que se regula el procedimiento a seguir para la restitución a particulares de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil y, de acuerdo con su artículo tercero, «la solicitud de restitución pudo ser formulada por las personas naturales o jurídicas de carácter privado, o sus legítimos sucesores, a los que les fueron incautados documentos, fondos documentales y otros efectos por la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos, durante el plazo de un año a contar desde el día siguiente a la entrada en vigor de dicho Real Decreto».

Por lo tanto, añade el Gobierno en su réplica parlamentaria, «los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, como los del resto de Comunidades Autónomas distintas de Cataluña, pudieron ejercitar su derecho a través de la Generalitat Valenciana hasta el 11 de enero de 2010».

Con base en lo anterior, y una vez prescrito el plazo establecido para ejercitar el derecho reconocido en las normas ya mencionadas, el Ejecutivo concluye que «no resulta posible la restitución de los documentos que se solicitan al no haberse ejercitado el correspondiente derecho en el plazo legal establecido en la normativa aplicable a los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo adscrito al Centro Documental de la Memoria Histórica (Salamanca)».

En tres de las siete interpelaciones parlamentarias alEjecutivo que formuló el senador de Compromís se aludía expresamente a tres casos concretos vinculados a los municipios castellonenses de Benicarló,Cabanes y Peñíscola, donde se habían praticado por el régimen franquista incautaciones y requisas de documentos a sus respectivos ayuntamientos.

La réplica del Gobierno a las reclamaciones documentales esgrimidas por Carles Mulet en torno a estos tres municipios vuelve a hilvanarse con el mismo hilo argumental detallado anteriormente. «Cabe señalar –puntualiza la respuesta gubernamental– que los ciudadanos de los municipios castellonenses de Cabanes, Peñíscola y Benicarló, como los del resto de la Comunidad Valenciana, pudieron ejercitar su derecho a través de la Generalidad Valenciana hasta el 11 de enero de 2010, si bien esta circunstancia no se produjo dado que la Comunidad Autónoma no comunicó al entonces Ministerio de Cultura su participación en el procedimiento».

En su petición,Compromís concretraba su solicitud pidiendo al Ministerio de Cultura que entregara copias de los documentos a los tres consistorios castelloneses. Las reclamaciones trazadas en este sentido también resultaron frustradas, dado que el Gobierno alegó que los trabajos técnicos que conllevan este tipo de solicitudes «tiene una duración notable y requieren de la disponibilidad e inversión de unos recursos económicos de los que se carece, al tratarse de inversiones no programadas y de trabajos que, en última instancia, impiden poder prestar un mejor servicio a los investigadores del centro y el adecuado desarrollo de los trabajos técnicos que deben desempeñarse en el mismo».