El Gobierno afirma que envió papeles a Cataluña por orden judicial mientras el alcalde habla de «regalo» y Salvar el Archivo irá a la Justicia

Ese día, salieron del Centro Documental de la Memoria Histórica con destino al Arxiu Nacional de Catalunya 39 cajas archivadoras normalizadas (26 cajas de documentos y 13 de libros), 5 banderas y 1 cartel. El envío es consecuencia del mandato establecido en una sentencia de la Audiencia Nacional de 2016, ratificada por la sentencia citada del Tribunal Supremo.

Los fondos transferidos a Cataluña para su entrega a sus legítimos propietarios o derecho habientes fueron en su día identificados por los miembros de la Comisión Mixta como incautados a personas naturales o jurídicas de carácter privado, con residencia, domicilio, delegación o secciones en Cataluña, por la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos y se encontraban custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española.

En el año 2014, el departamento ministerial consideró que parte de esos fondos no deberían ser susceptibles de restitución al haber desaparecido las personas físicas o jurídicas a los que pertenecían o sus herederos. Sin embargo, la Generalitat de Cataluña presentó un recurso contencioso en la Audiencia Nacional (Recurso 539/2014) por cuanto entendía que esa decisión únicamente podía ser adoptada por la Generalitat.

El contenido del recurso, presentado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Sexta de la Audiencia Nacional, fue estimado parcialmente. Tal y como se indica de manera taxativa en el Fundamento de Derecho Sexto de la Sentencia, la Audiencia Nacional determinó «estimar tan solo las solicitudes de entrega de documentación, fondos documentales y otros efectos que hubieran sido identificados por la Comisión Mixta en cualquiera de sus sesiones, rechazando cualquier otra que no esté amparada en dicha identificación».

La sentencia de la Audiencia Nacional fue recurrida por el Ministerio en casación ante el Tribunal Supremo, que no admitió el recurso de casación, ordenando la remisión a la Generalitat de la documentación y bienes que hubieran sido identificados por los miembros de la Comisión Mixta, ajustada a los términos establecidos en la Ley 21/2005, tal y como se había pronunció la Audiencia Nacional en 2016.

El Ministerio de Cultura y Deporte debe reiterar que el envío de estos documentos obedece a la ejecución del mandato judicial mencionado, asunto del que los miembros del Patronato del Centro Documental de la Memoria Histórica fueron informados en la sesión del Pleno de 25 de octubre de 2016, así como de la interposición del recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Mientras tanto el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha criticado el «regalo» de 20.000 documentos del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca (CDMH) con destino a la Generalitat que se realizó el pasado 9 de abril con «absoluta falta de transparencia y el silencio cómplice del Ministerio de Cultura del Gobierno de Pedro Sánchez».

Tras recibir al presidente de la Asociación Salvar el Archivo, Policarpo Sánchez, el regidor municipal ha atendido a los medios en una rueda de prensa conjunta donde ha insistido en que se ha tenido conocimiento del envío «a través de los medios de comunicación» y sin «la preceptiva autorización» del Patronato.

Por ello, ante lo que considera «una puñalada por la espalda», García Carbayo ha asegurado que desde el consistorio no se descarta «ninguna acción» y ha anunciado el envío de una carta al ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez.

En esta misiva, tal y como ha desvelado, el alcalde pide la convocatoria del Patronato del CDMH, órgano que «no sabe nada», para que sus integrantes conozcan el informe sobre la salida recientemente efectuada.

Asimismo, solicita que remita las sesiones de la comisión mixta Gobierno-Generalitat y los informes técnicos que «hayan servido de base» para el envío, así como la petición de que pongan en marcha acciones para «cumplir con lo dispuesto en la ley» respecto a los «400.000 documentos» que ya partieron en entregas previas a la Generalitat y que «deberían estar en Salamanca» de regreso por no haberse entregado, según sus palabras, a los legítimos propietarios y sobre lo que hay sentencia judicial.

Finalmente, ha añadido la solicitud al Gobierno para que realice «medidas de vigilancia» sobre los nuevos documentos remitidos, de los que Salamanca pide saber cuáles son y que regresen al centro documental de no cumplirse la normativa vigente.

Por su parte, el presidente de la Asociación Salvar el Archivo, Policarpo Sánchez, quien también ha anunciado medidas judiciales para el regreso de los documentos no entregados a sus propietarios y otras acciones sobre la última partida de legajos.

«No vamos a quedarnos de brazos cruzados», ha añadido en la misma línea el presidente de la asociación en presencia del alcalde durante el acto conjunto en el consistorio salmantino, en el que Policarpo Sánchez también ha asegurado que presentará una demanda judicial ante la Audiencia Nacional contra el Gobierno por no actuar ante la negativa de la Generalitat a devolver los 400.000 'papeles' que «deberían estar en Salamanca».