Los gimnasios de Salamanca cifran en un 70% la caída de su facturación por las restricciones

La Junta deCastilla y León ha sido la administración autonómica que ha impuesto las restricciones más duras y severas a los gimnasios y las instalaciones deportivas como herramienta para intentar frenar la propagación de la temible covid-19. De hecho, los gimnasios castellano leoneses han soportado seis meses de cierre total más otros dos meses de cierres en determinadas fechas, un drama que se aliviará tímidamente este próximo lunes con la reapertura de sus instalaciones conforme a las nuevas directrices regionales de desescalada.

Así lo pusieron de manifiesto ayer el presidente de la Asociación de Gimnasios e Instalaciones Deportivas de Salamanca (AGS Salamanca), integrada en la patronal CES, y presidente de la Federación de Empresarios de Servicios Deportivos de Castilla y León (FEDECYL), Javier Sanz, así como el presidente de la Asociación de Gimnasios de Burgos y miembro de la Junta Directiva de FEDECYL, Alberto del Val, quienes subrayaron que su sector se siente «completamente desamparado y olvidado» por las Administraciones y está siendo objeto de «una creciente criminalización, con el consiguiente miedo que se está generando a los clientes, sin existir tan siquiera datos científicos objetivos que avalen estos cierres».

Los gimnasios e instalaciones deportivas denunciaron la «situación límite» que están viviendo por la pandemia e hicieron un llamamiento «desesperado» a las administraciones para que atiendan sus reivindicaciones y les ayuden a superar las terribles consecuencias que las restricciones están acarreando en su sector, que representa más del 3,5% del PIB español y que en la Comunidad emplea a alrededor de 5.000 personas que trabajan en más de 500 instalaciones deportivas de ámbito privado.

De hecho, antes de que estallara la pandemia el sector contaba con un total de 281.000 usuarios en Castilla yLeón, lo que representaba un 12%de la población de la región. Daba empleo también a 11.000 trabajadores y generaba una facturación anual de 120 millones. Se calcula que entonces, por cada euro gastado por los ciudadanos en instalaciones deportivas y gimnasios, se lograban ahorrar tres euros en gasto sanitario. Por si fuera poco y como consecuencia directa de las estrictas restricciones, el volumen de facturación ha soportado una sustancial caída del 70%, mientras que el volumen de puestos de trabajo se ha visto sacudido por una disminución del 60%. En el caso específico de la provincia salmantina, venían operando 60 instalaciones antes del azote de la pandemia y sus consiguientes restricciones.

Los gimnasios criticaron la «falta de sensibilidad de la Junta» con su colectivo, que lo que necesita en estos momentos son «ayudas directas, urgentes y concretas, que inyecten liquidez para poder salvar nuestros negocios y mantener los puestos de trabajo». Pidieron también «planes de compensación inmediatos y específicos por los cierres»y «campañas de concienciación»por las administraciones para «devolver a los clientes la confianza que se les ha quitado».