España, a la cabeza de Europa en procesos judiciales y condenas de contenido ambiental

Antonio Vercher, fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo, explicó ayer en Salamanca que España tiene la ratio «más elevada de procedimientos y de condenas» a nivel europeo en delitos de contenido ambiental, sobre todo los relacionados con el urbanismo.

Vercher, que participó en la jornada 'Disciplina urbanística' celebrada en Salamanca, citó la creación de esta Fiscalía al principio del presente milenio ante «el blanqueo de dinero que se estaba produciendo a través de construcciones». Desde entonces, han visto «muchas más sentencias en temas de urbanismo que en el resto de aspectos de contenido ambiental», y ha subrayado que a nivel europeo España tiene «la ratio más elevada de procedimientos y de condenas: no hay ningún país que nos supere». Vercher ha desvelado que superan el millar de sentencias de condenas anuales tanto en 2017 como 2018, y que «la ratio más elevada es a nivel de urbanismo».

Asimismo, sostuvo que, aunque la especialidad se perfila en 2006, «el desarrollo legislativo potente en materia de urbanismo ha tenido lugar con las reformas de 2010 y 2015» en las que, según ha añadido, ha habido «cambios importantes».

De ahí que, en su opinión, en el momento actual España tiene «un sistema bastante consistente desde el punto de vista penal en medio ambiente y urbanismo».

Vercher también abogó por llegar a «un esquema de estabilidad lo suficientemente bien establecido para que las perturbaciones sociales que se produzcan sean mínimas».

Por su parte, el director general de Vivienda, Urbanismo y Arquitectura de Castilla y León, Ángel Marinero, consideró que la situación del urbanismo desde el punto de vista normativo está «muy estabilizada» en el conjunto de la comunidad autónoma.

No obstante, reconoció que están intentado que la inspección técnica de edificios «se extienda a los municipios del área metropolitana» de las capitales de provincia.

También subrayó la necesidad de «combatir la idea de que hacer una inspección cuesta dinero» ya que, según sus palabras, es «un ahorro para el propietario porque el problema se detecta cuando se puede corregir». Además, Marinero se refirió al «informe favorable» que han dado las tres cuartas partes de los edificios ya inspeccionados en Castilla y León, así como a que el nivel de cumplimiento de esos controles, a los que no se aplican sanciones, supera el 80 por ciento. Por otro lado, aludió al repunte de la construcción tras la crisis aunque el «apoyo público» esté vinculado «sobre todo a la rehabilitación».

Finalmente, mencionó la convocatoria de ayudas al alquiler que ya se pueden solicitar hasta el próximo día 7 de junio y para las que, según ha concluido, «se han reservado siete millones de euros».