La Diputación de Salamanca pide reabrir la línea del bus a Coria e insta a una ley 'antiokupas'

La Diputación de Salamanca ha ejecutado hasta el 30 de junio el 43% de los presupuestos, un porcentaje que para el Grupo Popular es «casi un récord», debido a que la pandemia de la covid ha supuesto «la pérdida de tres meses» en los plazos, Sin embargo, para el Grupo Socialista «no varía ni difiere de las anteriores anualidades» y el nivel de ejecución alcanzado, señaló, habría que analizarlo y comparar los proyectos desarrollados por los ayuntamientos y los que han sido gestionados directamente por la Diputación. Por su parte, el diputado no adscrito, Juan Francisco Bautista, pidió una gestión diferente debido a la actual pandemia y a las nuevas necesidades surgidas por ella.

Este fue uno de los primeros puntos del orden del día del pleno ordiario que ayer celebró la Diputación, por segunda vez, en la Sala de Ensayos del Palacio de Congresos para cumplir con las medidas de distanciamiento.

Una sesión plenaria que dejó varios acuerdos por unanimidad de los grupos, como la propuesta de aprobación de la convocatoria y bases para la subvención a ayuntamientos de la provincia de Salamanca menores de 20.000 habitantes, para la realización de obras de reparación, conservación y mejora de centros escolares del medio rural de la provincia en los años 2020/21; se destinan 400.000 euros aportados al 50% por la Diputación y la Junta de Castilla y León.

También se aprobó por unanimidad, tanto la urgencia para incluirla en el orden del día como la propuesta en sí, la suscripción de un convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Diputación de Salamanca para la rehabilitación de viviendas en el medio rural y destinarlas al alquiler social en la provincia salmantina. En concreto, se trata del programa Rehabitare, que tiene una vigencia de tres años y una partida total de 416.000 euros aportados por cada una de la partes.

Con el apoyo de todos los grupos y la abstención del diputado no adscrito, José Francisco Bautista, se aprobó una moción del Grupo Popular para instar al Gobierno de España a realizar las gestiones necesarias para el restablecimiento diario de la línea regular de viajeros Salamanca-Coria, por las Hurdes.

Este servicio no se ha reabierto tras el cierre por el estado de alarma y la intención es que «se vuelva a realizar en las mismas condiciones que antes de dicha declaración», ya que es una línea que pasaba diariamente por los municipios salmantinos de Linares de Riofrío, San Miguel de Valero, San Esteban de la Sierra, Santibáñez de la Sierra, Miranda del Castañar, Cepeda y Sotoserrano, tal y como recogía la propuesta del PP.

También fue apoyada por la unanimidad la propuesta del Grupo Ciudadanos para evitar delitos de ocupación ilegal de viviendas y defender el derecho a la propiedad privada.

La moción insta a la Junta a comprometerse en la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas, a impulsar la coordinación y cooperación institucional para reforzar la eficacia contra esa ocupación y a que solicite al Gobierno y a los partidos con representación en las Cortes a promover todas las reformas legales necesarias para defender la propiedad privada, garantizar la convivencia y luchar contra dicha ocupación ilegal. Entre esas medidas, se pide agilizar los juicios relacionados con desalojos de inmuebles ocupados de manera ilegal, reforzar las competencias de los ayuntamientos en casos de ocupaciones ilegales, endurecer las sanciones penales y modificar el Código Civil como la Ley de Enjuiciamiento Civil para que el juez pueda decretar de manera inmediata la puesta a disposición de la vivienda de su propietario.

Sobre dicha moción, Bautista señaló que es un problema complicado que necesita soluciones tanto para los propietarios como para las personas que ocupan una vivienda. Por su parte, Fernando Rubio, del PSOE, aunque su grupo apoyó la propuesta, señaló que «es tan obvia como ingenua», y resaltó que no se puede «crear alarma social en algo que no existe en la provincia», ya que, según sus datos, en el primer semestre del año se han dado seis casos y están solucionado. Además instó a «acompañar la moción de una campaña informativa para que el ciudadano sepa cómo actuar en caso de ocupación de su vivienda».