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ROSA M. GARCÍA / WORD
SALAMANCA
Viernes, 31 de julio 2020, 11:09
Cuatro meses después, todos los diputados provinciales volvieron a celebrar juntos una sesión plenaria presencial. Eso sí, debido a las medidas por la covid-19, el pleno ordinario salió de las instalaciones de La Salina y se celebró en la sala de ensayos del Palacio ... de Congresos de Salamanca, un espacio cedido por el Ayuntamiento de la capital.
La vuelta a las sesiones presenciales regresó con un debate extenso que se centró en las nueve mociones presentadas por los grupos. Una de ellas fue la referida al posible acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias sobre la gestión del superávit de los ayuntamientos, con una proposición presentada por el Grupo Popular en la que se insta al Gobierno de España «a no apropiarse de los recursos de las entidades locales» y que fue aprobada con los votos a favor de Ciudadanos y PP y en contra de PSOE y José Francisco Bautista.
Este último criticó los términos utilizados en la moción, porque «hay términos que superan todos los límites», como «hablar de chantaje del Gobierno». Además, instó a la Junta y a la Diputación a mirar «qué es lo que han aportado a los municipios en los gastos extra que han tenido en esta pandemia».
Manuel Hernández, de Ciudadanos, justificó el voto a favor de su grupo porque «siempre hemos defendido los fondos propios municipales» . El Gobierno no debe gestionar el superávit de los ayuntamientos, «son los propios ayuntamientos, que los hemos generado, los que tenemos que gestionarlos, porque sabemos dónde se tiene que invertir ese dinero».
Al contrario, desde el PSOE se calificó de «enlatada», «triste» y «fuera de lugar» la propuesta del Grupo Popular, ya que «lo único que busca es un titular», afirmó Fernando Rubio, que mostró su asombro porque «se diga que la moción vulnera la autonomía local». Esta propuesta, añadió, es «un ejemplo evidente de la memoria selectiva del PP», recordando en este sentido la «Ley con la que Montoro aportó a las entidades locales una asfixia absoluta» o «el decretazo del Gobierno de la Junta» sobre «en qué tienen que gastar los fondos los municipios de más de 1.000 habitantes». Además, criticó que la moción se presentara «sin tener nada concreto», instó a «ser coherentes» y pidió retirar la moción, ya que el acuerdo de Hacienda y la FEMP «también respaldado por el PP, es positivo».
El popular Antonio Luis Sánchez se encargó de debatir la moción de su grupo. «No sé que me preocupa más, si la incautación de los ahorros de los ayuntamientos, que es de lo que se trata, o la ruptura que se va a producir en el seno de la FEMP», afirmó, y calificó de «chantaje» y «trampa» lo que para el Grupo Popular es «una intervención en toda regla de las entidades locales y, por supuesto, que atenta a la autonomía municipal». Su partido, afirmó, «recurrirá hasta la última instancia, si es necesario, los tribunales».
Otra de las mociones presentadas por el Grupo Popular versaba sobre el incremento de la oferta de empleo público para la cobertura de puestos de funcionarios de la Administración local con habilitación nacional. Una propuesta aprobada por la unanimidad de todos los grupos provinciales, que coincidieron en la carencia de secretarios e interventores que existe en los municipios salmantinos y la necesidad de contar con ellos. El PSOE quiso destacar «la memoria selectiva del PP», ya que es un asunto que se «ha venido demandando tradicionalmente por parte del PSOE, de forma insistente y reiterada; y es con el Gobierno socialista cuando el PP la reclama».
Además de estas dos mociones del PP, también fueron aprobadas las dos presentadas por Ciudadanos. La puesta en marcha de una marca única para el sector de vacuno de carne en la provincia fue una de ellas; una propuesta que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos tras incluirse que el paso previo para poder crear dicha marca es reunirse con las asociaciones ganaderas de vacuno de la provincia.
También aprobada, con el voto a favor de Cs y PP, fue la propuesta de los primeros para que la unidad de control y supervisión se extienda, además de a los contratos, a los convenios.
Antes del debate de las mociones se elevó a votación una modificación de créditos de los presupuestos provinciales, relativa a dos convenios que se están ultimando para apoyar las necesidades de las pymes y autónomos de la provincias, demandadas, explicó Antonio Labrador, en distintas reuniones con empresarios y cámaras de comercio. Una propuesta aprobada por todos los grupos, excepto el PSOE, que se abstuvo al estar «sin contenido específico».
En contra votó Cs de la propuesta de modificación parcial de la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación, ya que, según defendió Manuel Hernández, «el acceso al empleo público debe de ser en condiciones de igualdad» y el «puesto de asesor jurídico es de mucha responsabilidad, pero puede ser ocupado por cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos solicitados para cubrir dicho puesto». Un punto del orden del día que contó con la abstención de los socialistas y el voto a favor de PP y Bautista.
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