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Domingo, 8 de noviembre 2020, 11:55
El Gobierno anunció esta semana su intención de crear un protocolo de actuación contra las 'fake news' o noticias falsas que intenten «influir en la sociedad con fines interesados y espurios». El plan incluiría monitorizar la información e incluso pedir la colaboración de los medios ... de comunicación y la sociedad civil. Las redes bautizaron inmediatamente el proyecto como 'Ministerio de la Verdad' y lanzaron proclamas en contra de un supuesto plan de censura gubernamental. Y los expertos en periodismo y derecho comenzaron a analizar la idea.
El profesor de Política y Deontología de la Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca, Óscar Sánchez, opina que «el despotismo está empedrado de buenas intenciones. Es importante desde luego luchar contra desinformación, pero no es la forma más apropiada. Este procedimiento elegido no es la manera adecuada», asegura. Sánchez recuerda que «en las democracias, los medios monitorizan al Gobierno y no a la inversa».
Sánchez argumenta que «más allá de la buena intención» la herramienta como tal «me parece errónea, como si hubiera nacido fallida, detrás un procedimiento gubernamental. Es lógico pensar que los derechos fundamentales, como la información y la expresión, no pueden quedar supeditado al Iván Redondo de turno, ni al de este Gobierno ni al que pueda venir». Iván Redondo es un asesor muy cercano al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En esta linea, el profesor insiste en que «no se le hace un favor» a la lucha contra la desinformación «cuando se plantea así, porque en toda democracia ya hay delitos tipificados, un poder judicial y códigos deontológicos que imponen límites, que reflejan una desvinculación con un diario partidista. La herramienta en sí misma como está planteada no va a ayudar a nada».
Ósca Sánchez opina que este caso el coronavirus no puede servir como justificante. «El deseo de cualquier Ejecutivo es poder tener una prensa que les aplauda más. A veces lo camuflan más, pero la tentación está ahí. En otras circunstancias creo que se podría haber planteado igual, porque el auge de la desinformación es previo a la pandemia. Esa batalla de la desinformación se habría enarbolado igual en otras circunstancias, pero la respuesta de la sociedad civil debería ser la misma, que no haya órganos partidistas. Y la prueba evidente de que no lo explicaron bien es que, tras salir en el BOE, publicaron una nota de prensa tratando de disimular el paripé. Mejor haber evitado la posibilidad. El tufillo es inquietante. Es algo muy tentador para el Ejecutivo aprovechar los resquicios que hay que procurar que no tengan».
Una comisión como la que plantea el Gobierno podría ser demasiado sugerente para quien ostente el poder. Aunque no la use, su mera existencia ya podría amenazar la libertad de prensa. «Estas cosas afianzan, quizá por este clima que vivimos, esas democracias iliberales, ese desmoronamiento del Estado de Derecho. Y esta idea de que el Ejecutivo podría controlar la prensa en el fondo va en la misma dirección de las democracias iliberales que desautorizan las bases del Estado de Derecho, los 'checks and balances'», los controles que equilibran los poderes del Estado entre sí para que ninguno abuse.
La lucha contra la desinformación y las noticias falsas pasaría, para Óscar Sánchez, por «la propia sociedad civil y su asociacionismo, porque esta batalla formaría parte de su razón de ser. Hay verificadores que se han ido poniendo de moda y están en auge, con una labor importante. También desde el ámbito educativo y académico y desde las ONG comprometidas con la causa, la libertad de prensa y algo que no sea propiamente el etiquetado partidista, porque la cosa va a sonar mal. Y quien se muestre partidario de la idea, que piense cómo lo vería con un Gobierno que no sea de su signo ideológico. Seguro que se le quitan las ganas», concluye.
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