PP y Ciudadanos refuerzan su alianza con la aprobación de las ordenanzas de 2018

El acuerdo programático que mantienen el Partido Popular y Ciudadanos desde el comienzo de la legislatura volvió a cristalizarse con la aprobación definitiva de las nuevas ordenanzas municipales para el año 2018, aunque los concejales de la formación naranja se abstuvieron en la votación de algunas actualizaciones de las tarifas, como los precios de los mercados Central de Abastos y San Juan y las tasas de uso de los albergues municipales de Candelario y El Lazarillo de Tormes. El PSOE votó en contra, por considerar que las nuevas ordenanzas ocultan «una subida generalizada» de las tasas, carecen de «•sensibilidad social» y no materializan el ejemplificante principio de que «pague más quien más tiene». Ganemos se decantó en unos casos por la abstención y en otros por el voto negativo. Las 29 alegaciones y las cuatro propuestas tramitadas por los ediles socialistas y los concejales de la agrupación de electores no prosperaron finalmente.

El debate de los dictámenes de las ordenanzas arrojó cruces dialécticos especialmente jugosos. Fernando Castaño, que asumió el rol de portavoz de Ciudadanos al no asistir a la sesión su compañero Alejandro González Bueno, rebatió los argumentos del portavoz socialista, José Luis Mateos, indicándole que «usted es un lince».

Por su parte, el portavoz municipal del PP, Fernando Rodríguez, tumbó la idea de Ganemos de aplicar una bajada generalizada del 10% para el IBI que abandera Ganemos señalando que si dicha medida se aplicara, el Consistorio dejaría de percibir anualmente 4,5 millones de euros en ingresos para sus arcas. El concejal de Ganemos, Gabriel Risco, contraatacó instantes después afirmando que Fernando Rodríguez había dibujado una «caricatura» de la propuesta de su grupo relativa a modificar los tipos del IBI según el valor catastral y el uso de cada inmueble. Risco también denunció que la tarifa del agua experimentaba una subida, bajo el formato de una actualización conforme a la variación del IPC. También se interrogó afirmando que «el alcalde ha sacando pecho diciendo que las cuentas están saneadas, pero si están saneadas, ¿por qué no le devuelve el esfuerzo complementario a la ciudadanía?», en clara referencia a que el IBI no experimentará ninguna bajada hasta 2019, año en el que aplicará una disminución del 5%, medida consensuada entre el PP y Ciudadanos y que, según el particular diagnóstico de Gabriel Risco, obedece a «intereses electoralistas», dado que en dicha anualidad se celebrarán elecciones municipales y autonómicas.

Mateos puso de relieve que existe una confusión entre los conceptos de bajada, congelación o subida. «Congelar es mantenerlas igual... Aquí no es correcto hablar de eso cuando lo que pretenden es subir las tasas. Se produce una actualización que responde a unos intereses muy concretos, a una petición de los interesados, que son las empresas concesionarias».

En cambio, Fernando Castaño consideró que actualizar los tributos, los precios públicos y las tarifas no es, realmente, una subida, al tiempo que puntualizó que una parte de las citadas actualizaciones responden a la petición formulada por las propias concesionarias de los diferentes servicios municipales. «Es una actualización minúscula en cuanto al precio real del servicio», enfatizó el edil naranja, quien proclamó que «no vale gastar más e ingresar menos», al tiempo que estimó que 2018 no es el año más adecuado para rebajar impuestos, debido a los gastos derivados de los actos conmemorativos del VIII Centenario de la Universidad. También señaló, replicando a las diatribas de Ganemos, que «no es bueno hacer lecturas de los contadores del agua en términos electorales».

En relación al caso concreto de la tarifa del agua, José Luis Mateos volvió a intervenir en otro momento de la sesión plenaria para precisar que «no es lo mismo cobrar el agua a una vivienda en la que vive una persona que en la que viven seis». Mateos también aprovechó su alocución para recordar que las alegaciones socialistas comprendían una reducción de la tasa administrativa por documento expedido si se realiza de manera telemática o bonificaciones en instalaciones deportivas y piscinas para ciertos colectivos. «Apostamos por una financiación estable y que responda al principio de la progresividad fiscal. Queremos una ciudad mejor fuera de los intereses partidistas y por eso votamos en contra de estas ordenanzas», enfatizó el edil del Partido Socialista.

En el turno de las réplicas, el portavoz del Partido Popular, Fernando Rodríguez, aclaró que muchas de las alegaciones presentadas por la oposición eran reiteraciones y que, incluso, ya se encontraban incluidas en las ordenanzas fiscales. Sobre el agua, que centró buena parte del debate, el edil del PP aportó unos datos absolutamente reveladores, como un informe de la federación Facua, que sitúa a Salamanca como la quinta ciudad española, de un total de 35, con las tarifas del agua más baratas, así como un pormenorizado estudio de la asociación de consumidores OCU, que coloca a la capital del Tormes entre las mejores del país en la calidad del agua que consumen los ciudadanos en sus hogares. También se congratuló de que Salamanca figure en una posición privilegiada gracias a unas tarifas especialmente baratas del autobús urbano, que permanecerán congeladas hasta el fin del segundo mandato de Mañueco en el año 2019.