El alcalde de Salamanca pide al Gobierno la apertura «urgente» de un proceso de diálogo

Tras participar en una videoconferencia con los alcaldes de los municipios contrarios al acuerdo entre la FEMP y el Gobierno de España, el primer edil salmantino señaló que «el rotundo fracaso en el proceso de convalidación del decreto que recogía dicho acuerdo debe verse como una oportunidad clara para alcanzar un acuerdo real y satisfactorio para todas las entidades locales, que esté basado en los principios de igualdad y de solidaridad», informó el Ayuntamiento de Salamanca.

Al respecto, García Carbayo defendió que el nuevo decreto, además de permitir a los ayuntamientos gastar sus superávits en aquellas necesidades que determine cada municipio, «contemple también la ampliación del plazo de las inversiones financieramente sostenibles y la eliminación de la regla de gasto y el concepto de déficit y de estabilidad, al menos para 2020 y 2021».

Asimismo, el alcalde de Salamanca señaló como «imprescindible» que el nuevo decreto «recoja la reivindicación unánime de los ayuntamientos de un fondo estatal incondicionado de 5.000 millones de euros», similar al que el Gobierno de España concedió a las Comunidades Autónomas, así como «un fondo adicional de 1.000 millones de euros que permita hacer frente a las grandes pérdidas registradas en el servicio de transporte público».

Además, Carbayo añadió que «es indispensable garantizar en este futuro decreto que las entidades locales puedan participar como beneficiarias de los fondos europeos», una vez concretadas las condiciones del Fondo de Recuperación aprobado en el seno de la UE y en base a lo contemplado en el documento 'Pilares locales para la reactivación económica y social de la administración local', aprobado por la Junta de Gobierno de la FEMP el 22 de mayo de 2020.

Todas estas reivindicaciones forman parte del documento conjunto aprobado este martes por los alcaldes reunidos en la citada videoconferencia, en la que el conjunto de municipios implicados volvieron a expresar su voluntad de «seguir defendiendo los legítimos intereses» de sus vecinos.