Castilla y León

Sacyl rechaza pagar una operación privada de cáncer de un paciente al que no citaba la pública

Tomás Quintana, Procurador del Común de Castilla y León, acaba de publicar una resolución en la que, tras analizar la queja de este ciudadano por la negativa de la Junta a reintegrarle lo que tuvo que abonar al Hospital Universitario Moncloa, de Madrid, da la razón al paciente. El hombre acudió en febrero de 2022 a su médico de Familia, que le derivó al Servicio de Urología del Hospital Universitario de Salamanca. La cita con el especialista no llegaba y presentó varias reclamaciones por la demora. Los síntomas persistían, no había noticias de Sacyl y decidió recurrir a una consulta privada.

Eso fue en julio y entonces, tras varias pruebas, detectaron que tenía lesiones cancerosas, que requerían el paso por quirófano para someterse a una «resección transuretral vesical» el 20 de septiembre, siete meses después de acudir a su doctor y sin que las peticiones reclamando la consulta con el urólogo obtuvieran respuesta. El diagnóstico definitivo fue neoplasia maligna de vejiga, un cáncer con buen pronóstico si la detección es precoz, pero que puede conllevar un riesgo elevado de mortalidad si no se actúa con rápidez. La supervivencia de las personas afectadas por un tumor de este tipo se sitúa en el 71% a los cinco años del diagnóstico.

La demora en la cita por parte del hospital público fue de ocho meses. Hasta octubre no vio un urólogo de Sacyl al paciente, pese a que este había advertido «en dos ocasiones» que pruebas médicas que se había hecho de manera privada habían detectado «células uroteliales atípicas». Esa falta de respuesta de la sanidad pública autonómica le llevó a tomar la decisión de buscar otra alternativa y pasar la factura a Sacyl, que se niega a abonarle ese gasto por entender que no se trataba de «una asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital».

El equipo de Tomás Quintana estima que la conducta del paciente «ha sido en todo momento razonable, ante la existencia de unas pruebas que indicaban la posible existencia de lesiones cancerosas en la vejiga y tras la constatación de una falta de atención sanitaria por los servicios especializados», por lo que insta a los responsables de la consejería que dirige Alejandro Vázquez a que paguen la factura de esa operación.

El Procurador enumera varias sentencias sobre casos de reintegro de gastos ante riesgos por demora en las listas de espera sanitarias o por «insuficiente atención» en el «tiempo debido» en las que se analiza el concepto de «urgencia vital» que da pie a que la Administración se haga cargo de esos costes. La jurisprudencia estima que urgencia vital no puede entenderse solamente como riesgo para la vida. Esa sería la urgencia vital más extrema, pero Quintana apunta hacia una interpretación en sentido amplio, que abarca «posibles daños que sin implicar la muerte afectan sustancialmente a la calidad de vida de la persona».

Todo lo anterior lleva al Procurador del Común a recomendar a la Gerencia Regional de Salud (Sacyl) reintegrar los gastos al paciente salmantino en una resolución que la Administración no está obligada a cumplir, pero sí a contestar si la admite o no.