Berkeley reclama al Consejo de Seguridad Nuclear que aclare «las incertidumbres» por las que tumba el proyecto de Retortillo en Salamanca

De hecho, desde el punto de vista de la compañía, el informe emitido por el CSN «no es técnicamente acertado». Así, Bellón explicó durante una comparecencia telemática realizada en la mañana de hoy que dentro del propio CSN ha habido notorio debate, puesto que de las once áreas que intervinieron en el análisis de la decisión, «solo una» puso trabas al proyecto. «Lo hace por cuestiones relativas al almacenamiento de residuos, que están catalogados como de muy baja actividad. Pero el CSN es un ente regulador y como tal su función principal es sentar las bases para que un proyecto se asiente de manera segura. No es suficiente hacer un informe desfavorable porque el proyecto se ha analizado desde un estándar que no se considera aceptable, y tiene que especificar qué estándar sería el aceptable para el proyecto», matizó.

Asimismo, según recordó el responsable empresarial, desde el año 2016 se han mantenido hasta seis reuniones con el Consejo de Seguridad Nuclear por parte de la compañía y se han remitido un total de siete peticiones de información adicional. «La empresa lo ha cumplimentado de manera diligente, respondiendo a todas las cuestiones y siguiendo sus instrucciones desde el punto de vista de la normativa aplicable. Y muchas veces el CSN ha cambiado su propio criterio», advirtió.

Tal y como comunicó la compañía en su día, nada más conocer el sentido del informa del Consejo, Bellón manifestó «de forma categórica» su consideración de que el proyecto cumple con toda la normativa en vigor. «Esto no está sujeto a interpretación, y si se cumple la normativa se tiene que autorizar», valoró. Berkeley, según explicó su CEO, para la preparación de los documentos contó» con el asesoramiento de «especialistas, españoles e internacionales, de reconocido prestigio». «Desde nuestro punto de vista no es suficiente decir que hay incertidumbres, nos tienen que decir por qué. Lo decimos nosotros pero no somos los únicos, ya que ha habido mucho debate. De hecho, han hecho falta tres plenos y un consejero ha emitido un voto particular. Hay muchas dudas sobre el rigor técnico del departamento que ha emitido el informe desfavorable. Hay falta de concreción a la hora de especificar los criterios que hay que cumplir», resumió Francisco Bellón.

«Millones de años»

Durante la comparecencia de este miércoles también participó el profesor Rafael Fernández Rubio, primer catedrático de España en Hidrogología, doctor e ingeniero de minas y con varios premios a lo largo de su trayectoria profesional, tal y como indicó a modo introductorio. Además, según explicó el profesor, ha participado en proyectos de minería en Estados Unidos, la Unión Soviética, Australia, Argentina, Portugal o España, incluyendo el vecino proyecto nuclear de Enusa, también en la provincia de Salamanca.

Tras realizar un seguimiento de todos los trabajos hidrogeológicos del proyecto de Retortillo, el profesor Fernández Rubio explicó que se han realizo unos 400 sondeos en más de 90.000 metros de subsuelo para analizarc el yacimiento. «Existen una serie de barreras naturales que no las atraviesa el agua. Hay centenares de metros de materiales de muy baja permeabilidad por los que se que tardarían millones de años en que una gota pudiera salir fuera», comentó el profesor.

Además de estas barreras naturales, el catedrático explicó que se han creado otras barreras de ingeniería siguiendo prácticas internacionales. «En concreto, una barrera de arcilla compactada con muy baja permeabilidad, que tardaría millones y millones de años en filtrar nada fuera. Un tiempo suficiente para que cualquier partícula isotópica nuclear desapareciera del entorno», afirmó.

Asimismo, el profesor explicó que la idea es devolver los residuos estériles de baja radiactividad a los terrenos una vez se haya extraído el uranio. «No se va a crear un almacenamiento específico, se va a devolver el uranio a los terrenos donde hoy en día las personas y el ganado no tienen problema en pasear», insistió Fernández Rubio. En resumen, según el experto, existirá una cápsula de cientos de metros de longitud y, a mayores, material geológico «con una permeabilidad bajísima». «Esto evitará cualquier tipo de fuga de líquidos o de gas radón que puedan emitir esos residuos», certificó el catedrático.

Seguridad jurídica

Por su parte, Miguel Riaño, socio director de Herbert Smith Freehills, entidad encargada de atender a inversores extranjeros como Berkeley en España, explicó que sus reclamaciones se resumen en que «se respete el estado derecho, prime la seguridad jurídica y se dispense un trato justo y equitativo». Por eso, el pasado viernes la compañía remitió al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un informe de mejora voluntaria con el que complementa la solicitud inicial al CSN sobre el proyecto, que fue presentado «de acuerdo con la legislación administrativa española». El principal objetivo de este informe de mejora es que el Miteco solicite al CSN que reevalúe su informe teniendo en cuenta la documentación presentada y los argumentos técnicos que ha presentado Berkeley.

Asimismo, según explicó Miguel Riaño, Berkeley también solicitó al Miteco el acceso a expedientes de autorización de construcción y autorización de desmantelamiento de las instalaciones radiactivas de la Haba, en Badajoz y Saelices El Chico, en Salamanca, «instalaciones similares, casi gemelas, debidamente autorizadas, y cuyo buen resultado ha sido ampliamente publicitado», para verificar que las condiciones impuestas a Berkeley «no son diferentes a las previamente impuestas a instalaciones similares, ya autorizadas, y con un resultado práctico favorable».

Stop Uranio, alegaciones

Por su parte, la plataforma Stop Uranio anunció hoy la presentación de alegaciones en el trámite de audiencia concedido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico previo a la resolución sobre la solicitud de autorización de construcción de la planta de fabricación de concentrados de uranio en Retortillo (Salamanca). La organización advirtió de que los responsables ministeriales «solo pueden denegar» el comienzo de los trabajos.

Una vez que el Consejo de Seguridad Nuclear adoptó el pasado 12 de julio el acuerdo de informar desfavorablemente la solicitud formulada por Berkeley Minera España para construir dicha instalación radioactiva, para Stop Uranio, cualquier otra decisión del Ministerio supondría «conculcar gravemente el principio de legalidad» y llevar a cabo una actuación» claramente ilegal» que, sin embargo, afirman tener la seguridad de que «no se va a producir».

En dichas alegaciones, Stop Uranio trata de «desmontar» los argumentos esgrimidos por el consejero del CSN que votó en contra del informe desfavorable y emitió un voto particular defendiendo a la empresa minera. «El CSN actúa como organismo regulador en la materia de las instalaciones radiactivas, lo que significa que es la garantía para la ciudadanía y para la sociedad de que dichas instalaciones sean seguras y no supongan ningún riesgo, ni para las personas, ni para el medio ambiente», matizó la plataforma. «A ese consejero parecen preocuparle mucho más los intereses de la empresa Berkeley que la salud, el medio ambiente y el futuro del territorio en el que se pretendía poner en marcha esta instalación radiactiva de primera categoría», acusó la organización.

Según Stop Uranio, el consejero niega en su argumentación que la instalación proyectada por Berkeley suponga un lastre para las generaciones futuras que habiten en la zona de la mina de Retortillo, ya que considera los residuos que se generen en esas instalaciones como «procedentes de radiactividad natural», cuando el CSN ya consideró esos residuos como «radiactivos» y su depósito en los huecos mineros supone «un peligro para las personas y el medio ambiente durante cientos de años». La organización, de hecho, considera que «son esos residuos radiactivos el principal problema al que se enfrenta Berkeley, y no ha conseguido dar una solución convincente a juicio de los técnicos del CSN».

En las alegaciones, Stop Uranio también defiende una postura contraria al intento de la empresa minera de conseguir una «indemnización millonaria» por el lucro cesante si finalmente se impide la apertura de la mina de Retortillo. «Nosotros entendemos que a quien hay que exigir responsabilidades de indemnizaciones es a la empresa Berkeley por los inmensos daños causados en nuestros pueblos y en el territorio del Campo Charro. Daños materiales y económicos muy concretos, y también daños morales e intangibles en la convivencia en los pueblos de la comarca», manifestó la plataforma.

Entre los «daños materiales», Stop Uranio cuantifica «la corta ilegal de cerca de dos mil encinas centenarias». Por otro lado, la organización apunta «daños en el territorio» con la modificación del trazado de una carretera «con obras paralizadas y a medio hacer», unos trabajos, según la plataforma, «declarados ilegales por el Ayuntamiento de Retortillo al no contar con ningún tipo de permiso o autorización». Por último, subrayan «daños por la construcción ilegal de una enorme balsa que ha roto el territorio y el paisaje de la zona».

«La cuantificación de estos daños que la empresa minera ha causado en nuestro territorio, en nuestros pueblos, es mucho mayor que los perjuicios que pueda argumentar que pudiera haber sufrido ella. En nuestra opinión, ningún perjuicio ha sufrido Berkeley, que no debería hacer realizado ninguna actuación de este proyecto, pues no lo tenía autorizado, y lo que ha gastado ha sido para comprar voluntades, para dividir a los habitantes de los pueblos y para crear un clima de opinión favorable a su proyecto», concluyó la plataforma.