Aragón reclama sus fondos del Archivo tras proclamarse nacionalidad histórica

El Archivo de la Guerra Civil vuelve a colocarse en el ojo del huracán informativo y en convertirse en objeto de un posible nuevo conflicto territorial entre Comunidades Autónomas.Tras la entrega a la Generalitat de Cataluña desde el año 2006, en una sucesión de controvertidos envíos, de más de 400.000 fondos catalanes del histórico inmueble de lacalle Gibraltar correspondientes a los turbulentos años de la II República y al sangriento periodo de la Guerra Civil, una nueva herida ha comenzado a abrirse con unas imprevisibles repercusiones que, por el momento, no se están vislumbrando en el horizonte inmediato, pero que sí generará, con toda probabilidad, tensión y convulsiones políticas y mediáticas.

Este pasado martes, 10 de julio, el 'Boletín Oficial de Aragón' publicaba el texto íntegro de la denominada Ley de Actualización de los Derechos Históricos de Aragón, una polémica y cuestionada iniciativa que fue aprobada previamente en las Cortes regionales con los votos favorables del PSOE, los nacionalistas de la Chunta Aragonesista –quienes promovieron la iniciativa legislativa–, Podemos, Izquierda Unida y el Partido Aragonés (PAR). Sin embargo, concitó el rechazo frontal del Partido Populary de Ciudadanos.De hecho, la formación naranja amagó hace unos pocos días con recurrir este texto ante las instancias del Tribunal Constitucional.

La nueva ley proclama a Aragón como«una nacionalidad con más de doce siglos de historia»y sobre su«amplio y variado territorio, sucesivas generaciones de aragoneses y aragonesas fueron construyendo una nación, fundada en la defensa de las libertades, dotada de instituciones singulares y depositaria de un rico patrimonio natural, cultural, jurídico y lingüístico».

Estos elocuentes párrafos del preámbulo, que segúnCiudadanos destilan soberanismo y abren de forma evidente y palpable la puerta al derecho a la autodeterminación, se acompañan, en el artículo 25 de la nueva ley, con un punto que afecta directamente aSalamanca y que lleva el título genérico de 'Patrimonio expoliado y emigrado'.

Textualmente, en dicho artículo se proclama que «el pueblo aragonés tiene el derecho histórico a que regresen a Aragón todos los bienes integrantes de su patrimonio político, jurídico e histórico que se encuentran fuera de su territorio». En virtud de esta reivindicación, la Diputación General de Aragón –denominación que recibe en aquella Comunidad Autónoma el poder ejecutivo– desarrollará «todas las actuaciones necesarias para hacer realidad el derecho histórico proclamado en el apartado anterior, y, en especial, el regreso de, entre otros, los bienes aragoneses que se encuentran depositados en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid, el Museo Nacional de Arte de Cataluña en Barcelona, el Museo de Lleida, Diocesano y Comarcal, y en el Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca, así como los que se encuentran en otros Estados». Este artículo y, lógicamente, todo el texto de la nueva disposición normativa lleva la rúbrica del presidente delGobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán. Precisamente, en Aragón gobierna el PSOE desde julio de 2015 gracias al acuerdo de investidura que alcanzó con los parlamentarios de Podemos y con el voto favorable también de Izquierda Unida y de la Chunta Aragonesista.

La petición, en el momento en el que se haga efectiva, será remitida directamente alMinisterio de Cultura, dado que elCentroDocumental de la Memoria Histórica (CDMH) de Salamanca pertenece a la estructura del organismo ministerial que dirige el también socialista José Guirao, concretamente a laSubdirección General deArchivos Estatales que encabeza, para mayor ironía, el investigador y bibliotecariosalmantino SeverianoHernández. Pertenece también a la estructura de esta Subdirección el Archivo de la Corona de Aragón.

No es la primera vez que las autoridades aragonesas plantean esta reivindicación, que ahora resucita con especial intensidad mediante su incorporación expresa a la nueva ley auspiciada por elGobierno de Javier Lambán. En septiembre de 2004 las Cortes de Aragón aprobaron por unanimidad solicitar el retorno a aquella Comunidad Autónoma de las 145 cajas que contienen documentos y fondos de Aragón que se encuentran depositados en elArchivo de la Guerra Civil de Salamanca desde el año 1938. Por su parte, los técnicos ministeriales anunciaron en enero de 2006 que tenían localizados en la antigua sede delCentro Documental de la Memoria Histórica un total de 13.412 documentos referentes a Aragón.