El alcalde de Salamanca sobre el ideólogo del 'congreso de los jeques': «Ni un euro para la ciudad»

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha asegurado que la estancia del ideólogo del congreso de los jeques como asesor municipal no trajo «ninguna inversión para la ciudad de Salamanca» y ha incidido en que tenía que presentar acreditaciones profesionales y titulaciones válidas como requisito para que la contratación fuera válida.

Carbayo ha sido uno de los primeros en llegar. Lo ha hecho en solitario a la Audiencia Provincial, aunque por otro lado llegaban el concejal Fernando Rodríguez y uno de los asesores municipales citado, un antiguo compañero del exconcejal Fernando Castaño, también citado. Este y el acusado Fuentes han sido los primeros en llegar. Nadie ha hecho declaraciones a la entrada, según recoge Salamancahoy.

Durante la mañana, han pasado por la Audiencia el alcalde, el exconcejal Castaño, el exconcejal y ahora asesor que firmó el contrato y pagaba los ingresos que se le hacían al asesor y el exrector Ricardo Rivero, además de técnicos y funcionarios municipales y de la universidad. El primero ha sido García Carbayo.

El alcalde ha asegurado que conoció mucho después de 2020 al acusado, José María Fuentes, año en el que fue contratado. Ha confirmado que se celebró un concurso de licitación para adjudicar un puesto de asesor, a la que se presentaron varias personas físicas y jurídicas.

García Carbayo ha asegurado que en el pliego constaba como requisito la presentación de acreditaciones de profesionales como prueba de solvencia. «Esa titulación se presenta al final del proceso», ha recordado, cuando ya se le iba a adjudicar el contrato de la plaza. El título físico no le consta si era oficial o fotocopia porque fue un trámite administrativo.

«En el pliego se hablaba de titulaciones académicas y profesionales y lo que presentó es que estaba en posesión de la licenciatura de Económicas», ha asegurado Carbayo que ha insistido que era requisito tenerlas, pero no necesariamente un título universitario o de bachiller.

El alcalde asegura que conoció la falsedad a través de la prensa y que lo que se hizo fue denunciarlo porque el acusado podría haber falsificado una titulación necesaria para la adjudicación de un contrato público como era esta plaza de asesor. A partir de ahí, se decidió rescindir el contrato que el ayuntamiento tenía con Fuentes a través de la Sociedad de Promoción y Turismo.

Al ser preguntado sobre el trabajo del asesor y si había desarrollado su labor, ha dicho «ignoro los detalles de su trabajo, lo que sí conozco es el resultado, cero inversiones para la ciudad de Salamanca». Algo en lo que el acusado ha afirmado que el alcalde miente.

A preguntas de la acusación, el alcalde ha insistido en que no tiene constancia de ninguna inversión que se haya logrado a consecuencia de la labor del asesor y que «sin solvencia técnica, que era un requisito de la adjudicación, no era posible la contratación», motivo por el cual se mantiene la petición del consistorio de una indemnización de 135.000 euros, la cuantía de lo que se pagó al asesor mientras ejerció.

A preguntas de la defensa, el alcalde ha remarcado que presentó un certificado de asignaturas cursadas y que el acusado debió entender que tenía que presentar título. Sin embargo, la defensa asegura que no es cierto que el pliego requiriera título y que algunos de los concurrentes, que eran empresas, no los presentaron. En efecto, el pliego original que regía el concurso para la plaza no requería una titulación específica.

La defensa ha preguntado también sobre los informes que debía presentar el acusado sobre su desempeño en el puesto, y el alcalde ha confirmado que esos informes existen y se presentaron, y que así aparecieron en la comisión de investigación municipal.

El alcalde ha admitido que se le pagaba una cantidad al asesor para lo que eran necesarios esos informes sobre lo que hacía el asesor y también que se prorrogó el contrato.