Acusan a la Junta de dejar sin director los centros de atención a discapacitados de Salamanca y Béjar

Los representantes del Comité de Empresa, con su presidente, José Antonio Casado Lozano a la cabeza, alertaron de la «gravedad de la situación de abandono y caos organizativo que se vive en los centros, sobre todo en los asistenciales, fruto de la nefasta gestión de la Gerencia de Servicios Sociales, en particular en el CAMP de Salamanca que acoge a personas con discapacidad».

Según informaron, el pasado día 21 de enero se llevó a cabo el ejercicio del derecho al concurso de traslados del personal funcionario que llevaban años esperando y, ante este ejercicio de derechos laborales, la Junta, a través de la Gerencia, «con su falta de interés, de voluntad y de previsión, ha dejado sin director a varios centros asistenciales a pesar de que ya conocía desde hace siete meses que esta situación se iba a dar si no tomaba ninguna medida para paliarlo, como así ha sido».

Esta desidia de la Junta de Castilla y León «demuestra una clara estrategia de desprestigio y justificación del desmantelamiento de unos servicios públicos esenciales que este Comité de Empresa y el personal al que representa no están dispuestos a asumir ni aceptar», denunciaron. Por esta razón, «nos encontramos con los centros de atención a personas con discapacidad CAMP de Salamanca y CAMPYCO de Béjar sin dirección».

Según aseguraron en en la concentración, el CAMP de Salamanca, además, carece de administrador que organice todas las tareas imprescindibles para el correcto funcionamiento, ni dispone de Responsable de Área Asistencial que distribuya coordinadamente el trabajo diario del personal.

«Para intentar esconder su pésima gestión, la Gerencia detrae de sus funciones a personal del CAMPYCO de Béjar y con eso consigue poner en riesgo la gestión de ambos centros ya que no es suficiente con desdoblar a una persona para hacer trabajos de vital importancia en dos sitios a la vez», señalaron desde el Comité de Empresa.

La desorganización provocada perjudica gravemente, según los trabajadores, al funcionamiento correcto de la asistencia a las personas usuarias de los centros; y no solo eso, sino que «se pone en riesgo la atención de asuntos también importantes como el pago a los proveedores, las compras de material y productos varios, la liquidación de las nóminas del personal, etc.».

Por otra parte, a la residencia de personas mayores San Juan de Sahagún «la han dejado sin trabajador social desde hace dos meses por jubilación del titular y no han contratado a nadie, en un evidente desprecio a las personas mayores que allí residen y que tantísimo necesitan de la figura del trabajador social ahora más que nunca que se ven en la obligación de hacer cuarentenas y confinamientos que afectan tanto a su salud mental como física y que impiden en gran medida las visitas de sus familias».

A pesar de los esfuerzos del personal, la plantilla es tan escasa que no es fácil garantizar una correcta asistencia por la negativa a cubrir las bajas y vacantes, algo que la Gerencia de Servicios Sociales conoce pues el Comité de Empresa así se lo ha comunicado en reiteradas ocasiones.

Por otra parte, denunciaron que en la Unidad de Valoración y Ayuda a la Dependencia (UVAD) de Salamanca se están sufriendo también las consecuencias de la marcha del personal administrativo del centro, con la desorganización que ello supone.

En este centro además, en los últimos años, se han perdido varias plazas en el Equipo de Atención Temprana (E.A.T.), como la de estimuladora y la de médico rehabilitador que formaban parte del equipo que atiende a menores entre 0 y 3 años con discapacidad o riesgo de padecerla, así como la atención a sus familias, de ahí la vital importancia que tiene que esté correctamente dotado y organizado de personal. Además el número de profesionales que forman parte del equipo de Salamanca es mucho menor que el de otras provincias para un volumen de población usuaria mucho mayor, según informaron desde el comité

«Está claro que en su política de atención a las personas más vulnerables, con discapacidad, personas mayores y menores, la Junta 'vende' una falsa preocupación por ellas pero en realidad las deja de lado, como ya hizo durante lo peor de la pandemia con dramáticos resultados» denunciaron.

Por último, el Comité de Empresa exige a la Junta de Castilla y León respeto para las trabajadoras y trabajadores de Servicios Sociales y para las personas usuarias y que sean reconocidos y tratados como un servicio esencial a la comunidad

«Denunciamos el desprecio de la Gerencia de Servicios Sociales que no sustituye las bajas que se producen provocando la continua supresión de descansos del personal sin ningún tipo de compensación», concluyeron.