Un abogado salmantino lidera una querella contra el Gobierno por homicidio imprudente por la covid

La querella está promovida legalmente por un grupo de abogados que lidera, precisamente, el letrado salmantino.Sin embargo, la Sala Segunda delTribunal Supremo decidió no admitirla a trámite. En realidad, esta querella es una de las 64 querellas y denuncias interpuestas contra el Ejecutivo de coalición PSOE-Unidas Podemos en los últimos meses, con las que pretenden sentar en el banquillo de los acusados a todos los miembros delConsejo de Ministros y otros cargos públicos por la presunta comisión de delitos en relación a la actual crisis sanitaria.

Ante la decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Sánchez Rubio y sus compañeros letrados presentaron un recurso de súplica, que constituye, en realidad, el trámite previo al «recurso de amparo que ya estamos preparando», dado que temen que el recurso de súplica tampoco prospere» y tenga «escaso recorrido», teniendo en cuenta la postura adoptada por el Tribunal Supremo en este espinoso caso.

José Ignacio Sánchez Rubio explica que es uno de los abogados firmantes de la citada querella – 20310/2020– y señala que «nos parece inaudito que en cuanto aparece cualquier lesionado, por mínima que sea la lesión, se abra un procedimiento penal mientras que aquí, en una querella en la que hemos acreditado que 116 personas han fallecido víctimas del Sars-Cov-2, se inadmita la querella sin haber practicado la mas mínima diligencia de investigación acerca de la conducta de los miembros del Gobierno y. de seguir esto así, que ninguno de los miles de familiares de fallecidos espere investigación alguna».

El letrado salmantino añade que «nos parece aún más inaudito que la Sala resuelva en el acuerdo 5º del Auto de 18/12/20, remitir testimonio de las querellas y denuncias inadmitidas al Juzgado de Instrucción de Madrid» alegando que lo hace «para que se incoen las causas penales que correspondan», cuando «es de dominio público que las causas contra aforados solamente las puede instruir y enjuiciar el Tribunal Supremo».

En el recurso de réplica se recuerdan los argumentos de la querella contra el Ejecutivo. Así, en el texto de la misma se señala que «los presuntos delitos de los que aquí se imputa a la totalidad de los miembros del Gobierno Español, son los de 116 homicidios, en las personas cuyos datos aparecen relacionados en la querella». Así «nuestra querella no se dirige, en modo alguno, a investigar la posible responsabilidad penal de los 23 miembros del Gobierno en la propagación genérica de la pandemia, ni en su incumplimiento de dotar de medidas de protección al personal sanitario o servidores públicos, ni al presunto aprovechamiento lucrativo de la pandemia en la adquisición de medios o materiales de protección, ni tampoco los querellantes pretenden otra cosa que el que se practiquen, al menos, unas someras diligencias de investigación, que descarten que la muerte de sus familiares, aun debiéndose al contagio del virus, no pudo evitarse. Y, sobre todo, si ese mal causado, e irreversible, no se debió a un incumplimiento doloso de las obligaciones que los ministros y el presidente juraron o prometieron cumplir».

La querella defendida por José Ignacio Sánchez Rubio y otros letrados más, que actualmente ha sido recurrida ante el Supremo después de que su Sala Segunda no la admitiera a trámite, especifica que « lo único que pretenden los querellados es que se investigue la incuestionable muerte de sus familiares, muerte que en principio, podría reunir los elementos del tipo de un delito contra la vida de las personas».

En el recurso se rememoran otros argumentes esgrimidos en la querella, cuando se enfatiza que «los querellados, que conocían a la perfección los graves efectos de la covid-19, nada hicieron para evitar la propagación de la misma... Es más, a sabiendas de la gravedad, virulencia y efectos de la covid-19, permitieron la entrada de viajeros provenientes de países altamente contaminados (Italia, China) y permitieron, fomentaron y alentaron las manifestaciones del 8 de marzo (8M) y eventos deportivos masivos». Por ello, «la causalidad potencial entre la omisión de los querellados y las muertes de los familiares es obvia y palmaria».