El Gobierno avala a la Universidad de Ávila para formar a los policías

Las sucesivas preguntas que ha formulado en el Congreso el diputado salmantino del PSOE, Pablo Serrada, por la controvertida decisión del Ministerio del Interior de adjudicar a la Universidad Católica de Ávila (UCAV) la formación que se imparte en la Escuela Nacional de Policía de la capital abulense, en perjuicio de la Usal, entidad que durante tres décadas se venía encargando de la formación de los policías, comienzan a recibir las primeras respuestas en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo.

En una de sus habituales interpelaciones por este espinoso asunto, Serrada quería saber el perfil y el nivel formativo de los profesores de la universidad abulense, con el fin de determinar si se ajustaba expresamente a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones del concurso.

En su contestación, el Gobierno puntualiza que en el citado pliego de condiciones, en el que figuraba el objeto, la duración y el importe del contrato, así como las obligaciones que debía cumplir la universidad adjudicataria, «no consta el requerimiento sobre la relación de profesores que se dedicarán a impartir la formación». No obstante, según matiza el Ejecutivo, lo que sí se exige es el nivel de titulaciones que deben reunir los docentes.

Según las informaciones proporcionadas por el Gobierno en su réplica, el número de profesores de la universidad abulense destinados a estas tareas asciende a 16, «que son los adecuados, los mismos que en años anteriores, para cubrir las necesidades formativas». Está previsto también que en el próximo cuatrimestre se imparta la asignatura de Medicina Legal a los alumnos de la escala ejecutiva del segundo año, «teniéndose constancia de que para impartir dicha materia, la universidad adjudicataria asignará a una persona titulada en Medicina, con el grado de Doctor».

La Usal ha criticado insistentemente esta adjudicación y presentó un recurso para solicitar su anulación ante las instancias del Ministerio del Interior, que acabó siendo desestimado finalmente el pasado mes de enero, lo que desencadenó que el equipo rectoral haya tramitado un recurso en los tribunales por la vía contencioso administrativa.