El PSOE pide que se garanticen los pagos en las subcontratas

Que el Ayuntamiento de Salamanca tenga también poder de decisión y control sobre el dinero que entrega a las empresas para la realización de obras y que éstas, a su vez, emplean en subcontrataciones. Esa es la propuesta que ha realizado el Grupo Municipal Socialista, en base al artículo 228 bis de la Ley de Contratos, y que dará forma a una moción que se presentará en el pleno municipal del próximo viernes.

En concreto, la propuesta plantea que el equipo de Gobierno se ocupe de establecer mecanismos que garanticen los pagos y las condiciones contractuales, en tiempo y forma, a las empresas suncontratadas por las adjudicatarias de obras y servicios municipales. La finalidad es, tal y como explicaron ayer los concejales socialistas José Luis Mateos y Arturo Ferreras en un encuentro con los medios, es fomentar y mantener tanto los puestos de trabajo como garantizar la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas de la ciudad.

Esta condición ya se ha incorporado, por unanimidad, a un pliego contractual, confirmó en este sentido Arturo Ferreras, por lo que desde el PSOE municipal, no se ve problema en que se amplíe al resto de contratos. «Es importante que el Ayuntamiento pueda fiscalizar para qué se utiliza el dinero público por parte de las empresas y que se eviten perjuicios por las cadenas de empresas», explicó por su parte José Luis Mateos. Cadenas de empresas en las que el último eslabón suele tener las de perder, por lo que este tipo de controles evitaría que se produjeran impagos o retrasos injustificados una vez realizado el trabajo acordado. «Se trata de evitar que nadie juegue con el dinero público en beneficio propio», reiteró Mateos, para quien esta decisión sería el primer paso antes de la trasposición de la Directiva europea que obligará «al pago directo a las empresas y a los suministradores».

Los concejales socialistas enmarcaron esta propuesta en otras realizadas a lo largo de la legislatura y que han conseguido aumentar, señalaron, la transparencia en materia contractual, así como evitar el uso indiscriminado de los famosos contratos negociados sin publicidad, promocionando el procedimiento abierto.