El Consistorio se escuda en los recursos para no intervenir en el caso Corona Sol

La lucha de los vecinos de la calle Alarcón contra el hotel Corona Sol comienza a parecerse a una historia interminable, en la que es prácticamente imposible discernir el final. Si es que alguna vez llega ese final. Nuevos recursos, tal y como confirmó hace pocos días el concejal de Fomento y Patrimonio, Carlos García Carbayo, dilatan ya el intrincado proceso, que enfrenta en varias vías a la asociación Vecinos Tras el Muro con la empresa Palco 3.

Pero mientras los tiempos judiciales siguen sirviendo de parapeto a las instituciones, que eluden la toma de decisiones al respecto amparándose en esos recursos, los vecinos continúan sufriendo las consecuencias, aseguran, de tener al Corona Sol situado junto a sus patios. Así, esta misma semana la asociación Avemur ha recibido quejas de los propietarios y ocupantes de los pisos que tienen habitaciones que dan a los patios interiores, colindantes con el hotel, a causa de las humedades que han vuelto a aparecer en sus paredes. Un moho negro que tiene que ser raspado y que «no es precisamente muy saludable», como señalan fuentes de la organización vecinal. Dichas fuentes muestran su sorpresa porque situaciones así, «con claridad peligrosas para la salud y calidad de vida de los habitantes de Alarcón», pasen desapercibidas para las autoridades competentes.

No es la primera vez que ese moho aparece en las habitaciones más cercanas a la gran estructura del hotel, como demuestran las imágenes que contiene el extenso archivo fotográfico de la asociación Avemur, que ha documentado con exquisito detalle todos los pormenores de la construcción y existencia del hotel desde sus mismos inicios.

No obstante, como señalábamos al inicio, los procesos judiciales se han complicado aún más con los recursos presentados tanto por los vecinos como por la empresa, tal y como indicó el concejal de Fomento. El Ayuntamiento no tomará, al menos eso es lo que parece, ninguna decisión hasta que la justicia no obligue a ello, de forma determinante y sin que quepan más recursos. Algo que puede tardar años en llegar, para desesperación de los vecinos afectados. «Nos preguntamos por qué las sentencias no se cumplen en Salamanca», señalan desde la asociación Avemur. Sentencias como la que anuló la licencia de cambio de uso del edificio convertido en hotel. Un fallo judicial que llegó en noviembre de 2015 y que no ha sido ejecutado por las autoridades. Tampoco se puede conceder una nueva licencia por otro de los frentes abiertos del hotel: la anulación del estudio en detalle de transmisión de edificabilidad que permitió que el inmueble adquiriera las dimensiones que luce hoy en día.

Ante esta paralización, pese a esa sentencia de noviembre de 2015, la asociación Avemur presentó hace unas semanas un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el que reclamaba su derecho a la tutela judicial efectiva, en base al artículo 24 de la Constitución Española. Este recurso busca que el alto tribunal de la región obligue al Ayuntamiento de Salamanca a ejecutar esa sentencia en base a la «persistencia de la situación de ilegalidad del edificio», ya que, consideran los vecinos, no se ha entrado a valorar la «no obtención por la empresa de la licencia por silencio administrativo como pretendía».

Expediente municipal

En este sentido, cabe señalar que este medio ha tenido acceso al expediente municipal firmado el 1 de junio de 2016 por el entonces director del área de licencias y planeamiento. En dicho documento se rechazaba la idea de que la nueva licencia de cambio de uso se hubiera concedido por silencio administrativo. Entre otras razones, el informe alega que «en ningún caso se entenderán concedidas licencias que contravengan la normativa urbanística» y señala, asimismo, que la empresa no presentó la oportuna documentación al respecto. De igual modo, reitera que «no se ha dado cumplimiento a la sentencia del TSJCyL de 18 de noviembre de 2015». Fallo que anuló la licencia municipal concedida en su momento, por lo que, indica el informe, «es necesaria la obtención de una nueva autorización municipal que legalice las obras ejecutadas y el cambio de uso y para ello es necesaria la presentación de un Proyecto Técnico visado que cumpla con la normativa actual».

«El fallo de la sentencia es muy claro, anula la licencia, no retrotrae actuaciones, sino que la elimina, por lo que una nueva licencia debe otorgarse conforme a la normativa actual y con el cumplimiento de los requisitos legales y normativos existentes en la actualidad», insiste este documento técnico municipal, que continúa señalando que el siguiente paso tendría que ser (o haber sido, mejor dicho) la incoación del «expediente de restauración de la legalidad al objeto de dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 18 de noviembre de 2015». Hasta ese momento, aclara el informe, «no había sido necesario incoar formalmente dicho procedimiento pues la mercantil interesada había solicitado voluntariamente licencia, solicitud de la que deberá ser declarada desistida dado el incumplimiento puesto de manifiesto».

En este punto, hay que destacar que, al día siguiente de este expediente municipal, esto es, el 2 de junio de 2016, el concejal de Fomento y Patrimonio, Carlos García Carbayo, decretó la suspensión provisional de los trámites correspondientes, «hasta que se dicte resolución judicial».