Avemur apela a la doctrina del Supremo para reclamar el cierre del hotel Corona

La asociación Avemur ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León un recurso en el que invocan al artículo 24 de la Constitución Española, esto es, el derecho a la tutela judicial efectiva para reclamar, de una vez, la ejecución de la sentencia de noviembre de 2015 que anuló la licencia de cambio de uso del ahora hotel Corona Sol.

Este recurso pretende que el alto tribunal castellano y leonés obligue al Ayuntamiento de Salamanca a ejecutar esa sentencia en base a la «persistencia de la situación de ilegalidad del edificio», ya que, consideran los vecinos, no se ha entrado a valorar la «no obtención por la empresa de la licencia por silencio administrativo como pretendía».

Asimismo, el recurso recuerda que el pleno del Consistorio rechazó el pasado mes de febrero dar luz verde a la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca que pretendía «rehabilitar el marco normativo anulado con el estudio en detalle de transmisión de edificabilidad». Una anulación que, señalan los vecinos en su recurso, lleva aparejada «la preceptiva suspensión del otorgamiento de licencias».

Por otro lado, el recurso acude a la doctrina marcada por el Tribunal Supremo para fundamentar la petición de los vecinos, señalando que, en supuestos similares, el alto tribunal determinó que «al no poder legalizarse la obra ni la actividad por su incompatibilidad con el planeamiento urbanístico, la consecuencia prevista en la ley en la clausura de la actividad y la demolición de lo construido al amparo de la licencia anulada». Argumento que se repite en varias sentencias del Supremo a las que se remite la representación legal de la asociación Avemur.

Sin nuevas licencias

«La licencia previamente anulada ya no existe, dejando al hotel en situación ilegal para su actividad», insiste el recurso, que continúa señalando que el edificio se encuentra «en situación alegal fuera de ordenación urbana por la anulación del estudio en detalle de 2013, conllevando irremediablemente que tal licencia ya no pueda ser de nuevo concedida con independencia de la cualificación profesional del autor del proyecto».

Por lo tanto, la consecuencia inmediata para los vecinos es «materializar su derecho a la tutela judicial efectiva» a través de la «clausura de la actividad», responsabilidad que correspondería al Ayuntamiento.

Cabe señalar que ayer el Grupo Municipal Ganemos volvió a preguntar por la ejecución de esta licencia de cambio de uso durante la comisión de Fomento. Según señalaron desde la formación en un comunicado, hay informes en el expediente que reclaman «la restauración de la ilegalidad urbanística».