Las asociaciones ciudadanas se unen en la reclamación del cierre del hotel Corona Sol

La sesión plenaria que se celebrará hoy en el Ayuntamiento de Salamanca estará protagonizada por dos asuntos fundamentales: el debate sobre los presupuestos municipales para este año y la votación sobre la aprobación provisional de la modificación puntual número 12 del PGOU de Salamanca referida al sector 33 Paseo Carmelitas/Hospital de la Santísima Trinidad. O, lo que es lo mismo, la modificación de la normativa urbanística para dotar de cobertura legal a lo ya hecho: el hotel Corona Sol, tras la anulación del estudio en detalle de transmisión de edificabilidad por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Un trámite que comenzó en febrero de 2015 con la aprobación inicial del cambio en el PGOU y que se recupera dos años después con el siguiente paso: la aprobación provisional, previa al visto bueno de la Consejería de Fomento.

Sin embargo, ya se ha anunciado que la oposición no tiene intención de dar el visto bueno a esta modificación, por considerar que no defiende el interés general, sino uno muy particular, el de la empresa Palco 3, promotora del hotel. Cabe señalar en este punto que Palco 3 presentó hace días una reclamación patrimonial en el Ayuntamiento de, aproximadamente, 4.000 euros al día en caso del cierre del establecimiento hotelero.

Bajo estas circunstancias los integrantes de la asociación Vecinos tras el Muro asistirán hoy al pleno para presenciar la votación del trámite. Lo harán tras haber presentado un escrito dirigido al propio pleno en el que solicitan que «se proceda por el Ayuntamiento a la suspensión de la actividad que se desarrolla en el hotel Corona Sol y la clausura indefinida del mismo». Esta petición ha sido también presentada en el Consistorio por la Federación de Vecinos de Salamanca, Fevesa, por Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio, por la asociación de vecinos del barrio de San Bernardo, Asanber, y por Ecologistas en Acción.

Los fundamentos en los que se basa esta solicitud comienzan recordando que la licencia de obras y cambio de uso del edificio fue «anulada definitivamente» por la sentencia 2662 de 18 de noviembre de 2015 en la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, fallo judicial hecho firme el 22 de enero de 2016.

Asimismo, las asociaciones señalan en su escrito que el «eventual otorgamiento de una nueva licencia de actividad al hotel es incompatible con el planeamiento y situación urbanística vigentes», ya que una sentencia del mismo TSJCyL anuló el estudio de detalle referido con anterioridad y porque «en este momento se encuentra suspendido el otorgamiento de licencias».

En este punto, los vecinos recuerdan las recientes sentencias de diciembre de 2016 que anularon también las licencias ambiental y la conformidad con el inicio de actividad del edificio, «cuya explotación ha quedado acreditado que origina serios daños a los vecinos».

Tales fallos judiciales acreditan, según el escrito, que «no se deba tener por concluida la ejecución de la obra», de manera que cabe que por el pleno se revoquen las licencias «previamente otorgadas al edificio».

Finalmente, Avemur y el resto de asociaciones señalan que «es obligación y deber del pleno del Ayuntamiento y de todos sus concejales cumplir la ley y, por tanto, acatar la ejecución definitiva de las sentencias citadas, así como suspender cualesquiera actividades ilegales y nocivas para la salud y revocar sus actos nulos de pleno derecho». Y yendo más allá, los vecinos aseguran que aquellos concejales que voten en contra de los acuerdos tendentes a garantizar el cumplimiento de todo lo anterior podrían «incurrir en responsabilidad penal».

En este sentido, fuentes de la asociación Avemur apostillan que se plantean incluso acusar al alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, del «delito de desobediencia», si no cumple con la ejecución de la sentencia de anulación de la licencia de cambio de uso y mantiene abierto el hotel. De igual modo, las mismas fuentes aseguran que se está estudiando la posibilidad de denunciar por prevaricación a los técnicos implicados en la concesión de la licencia ambiental, ya que cuando este permiso fue concedido, septiembre de 2011, ya existían en el Ayuntamiento denuncias de los vecinos por la instalación de chimeneas de evacuación de humos de garaje y las unidades exteriores de bomba de calor en el edificio. Y precisamente las chimeneas han provocado la anulación de la licencia ambiental, como indican los vecinos, «por lo que esa licencia se concedió a sabiendas de que el edificio no reunía las condiciones para ello».

Pero las actividades vecinales no quedan aquí. Avemur también ha solicitado «explicaciones» a la juez que dictó en enero de 2016 el auto de ejecución de sentencia «sin decretar la paralización y pasándole la pelota al Ayuntamiento». Si la juez no responde u ordena alguna acción, los vecinos de la calle Alarcón aseguran que recurrirán de nuevo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León «para que ejecute lo que no quiere hacer el juzgado de Salamanca».

Finalmente, Avemur también ha recurrido la sentencia de anulación de la licencia ambiental, en la parte referida «a los equipos exteriores que el juzgado de lo contencioso-administrativo de Salamanca no tuvo en cuenta», mientras que Palco 3 ha hecho lo propio con las dos sentencias de diciembre de 2016, la referida a esa licencia ambiental y la que anuló también la conformidad con la comunicación de inicio de actividad.