Palco 3 recurre a la estrategia de la reclamación tras quedarse sin licencias para el Corona

La empresa Palco 3 reclama al Ayuntamiento de Salamanca una cantidad cercana a los 4.000 euros por día, en el caso de que el hotel Corona Sol tuviera que cesar su actividad. Así consta en la documentación presentada en el Consistorio, una reclamación de responsabilidad patrimonial por la anulación en vía contencioso-administrativa de la concesión, fechada a 12 de septiembre de 2011, de la licencia de obras y cambio de uso al edificio de la calle Víctor García de la Concha.

En concreto, se reclaman 1.250 euros por día por pérdida de ingreso de la renta abonada desde la gestora del hotel a la propietaria del edificio, 2.550 euros al día por pagos de la hipoteca y 177 euros al día en concepto de gastos de mantenimiento y vigilancia del edificio. A estas cantidades se añaden cualquier otro gasto y perjuicio derivado de la situación y, en todo caso, 18.613 euros por el abono de las tasas derivadas de la licencia de obras anulada.

Se trata de una medida similar a la adoptada recientemente por El Corte Inglés y que es vista, desde la oposición municipal, como un intento de presión por parte de ambas mercantiles. Esta reclamación de Palco 3 obligará, según fuentes de los grupos municipales, a que el pleno tenga que votar una nueva modificación puntual del sector urbanístico de la Santísima Trinidad. Modificación que no tiene posibilidades de salir adelante, ya que la oposición se mantiene firme en su negativa a regularizar a golpe de acuerdo plenario lo que los jueces han determinado como incorrecto en varias sentencias, como las del pasado mes de diciembre que anularon la licencia ambiental y la conformidad con la declaración de inicio de actividad del hotel.

Otra reclamación

En el escrito presentado por Palco 3 se añade además que existe otra reclamación patrimonial presentada por la empresa Copitasa Oeste SL, titular de la actividad hotelera que se desarrolla en el edificio propiedad de Palco 3. Tal y como se señala, ambas empresas se consideran directamente afectadas por la licencia anulada.

Asimismo, la reclamación tiene en cuenta que existe un procedimiento judicial pendiente de resolución, el planteado sobre la ejecución firme de la sentencia de 18 de noviembre de 2015 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. De ahí que la empresa solicite que se suspenda el plazo máximo legal para resolver el procedimiento y notificar la resolución sobre la reclamación patrimonial. Según fuentes consultadas, ese plazo es de seis meses y el silencio administrativo se considera negativo. Por ello la empresa, según esas mismas fuentes, prefiere dejar planteada la reclamación patrimonial sin que corra el tiempo mientras espera a que se resuelva sobre la ejecución de la sentencia del TSJCyL, que podría acarrear el cierre del hotel.