La Fundación Franco reclama el expediente del medallón para iniciar su batalla judicial

La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) ha decidido poner en marcha su estrategia para intentar impedir la retirada del medallón erigido desde hace 80 años en el Pabellón Real de la Plaza Mayor en señal de tributo y admiración hacia quien fuera jefe del Estado español entre los años 1939 y 1975, el general ferrolano Francisco Franco Bahamonde. La fundación quiere conocer exactamente los argumentos contenidos en el expediente que el Ayuntamiento remitió a la Junta de Castilla y León y que acabó desembocando en la resolución que dictó el pasado miércoles, con el voto unánime de sus miembros, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Castilla y León, disposición que ha dado luz verde al Consistorio para que proceda a la retirada de la controvertida efigie del ágora monumental.

El exvicepresidente ejecutivo de la FNFF y miembro del patronato de la fundación, Jaime Alonso, tiene perfilados ya los ejes argumentales que vertebrarán su próxima cruzada contra la eliminación del medallón, obra de Moisés de Huerta y que fue colocado en el Pabellón Real en plena contienda bélica, concretamente en el año 1937. Alonso recalca que la efigie forma parte, en realidad, del patrimonio nacional y recuerda que el 21 de diciembre de 1973 se declaró la Plaza Mayor de Salamanca como bien de interés cultural, artístico e histórico. Dicha declaración «engloba a toda la Plaza Mayor, incluido el medallón de Franco y al resto de medallones, por lo que estamos hablando del patrimonio nacional». Al mes siguiente concretamente el 23 de enero de 1974 dicha declaración apareció transcrita en las páginas del Boletín Oficial del Estado.

La fundación enlaza esta protección como bien cultural con la posterior declaración de la Ciudad Vieja de la capital salmantina como Patrimonio de la Humanidad, otorgada por la UNESCO en el año 1988. Por todo ello, Jaime Alonso entiende que el medallón no puede ser retirado y su fundación quiere recabar todas las argumentaciones esgrimidas por la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta y por el Ayuntamiento, con el fin de analizarlas detenidamente y determinar si procede acudir a los tribunales y presentar un recurso por la vía contencioso administrativa. El objetivo final de la FNFF es conseguir en los tribunales la nulidad del dictamen de Patrimonio, lo que garantizaría la continuidad del medallón en el emplazamiento donde permanece colocado desde hace ocho décadas.

Al tratarse de un bien de interés cultural y artístico, la fundación esgrime que debe ser incluido en una de las excepciones contempladas por la Ley de la Memoria Histórica, que permite la pervivencia de este tipo de simbología si se trata de bienes de interés cultural. La FNFF ya anunció días atrás que el medallón, en su condición de bien de interés cultural, está afectado y, por lo tanto, protegido por las disposiciones contenidas en la Ley 33/81 de 5 de diciembre, en el Real Decreto 2964/1981, de 18 de diciembre, y en el Decreto 571/1963, de 4 de marzo.

Por otro lado, la Fundación Nacional Francisco Franco reclama un derecho que, en su opinión, no ha podido ejercer, dado que no fue citada en ningún momento por el juez para comparecer con motivo de la demanda que presentó Izquierda Unida contra el Ayuntamiento de Salamanca por obstinarse éste en seguir preservando el medallón. La fundación entiende que son parte afectada en este procedimiento, dado que «somos una asociación cuyo interés legítimo colectivo es el respeto y el reconocimiento de la obra y la memoria de Francisco Franco». La FNFF recordó que durante el procedimiento judicial nunca fueron llamados a comparecer para dar su punto de vista sobre la demanda de la coalición de izquierdas y la posible eliminación de la controvertida efigie.

Radical discrepancia

Jaime Alonso difiere radicalmente de los argumentos esgrimidos por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, que asumió plenamente el informe redactado por el comisionado para asuntos de Patrimonio, el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Salamanca, Antonio Casaseca. En dicho informe, este especialista indicaba que «los deterioros sufridos desde hace años permiten plantear la posibilidad de que sucesivas restauraciones hayan alterado significativamente la obra original» y añadía que «los valores artísticos que pueda tener sean en realidad más fruto de estas intervenciones que de los propios artistas que la diseñaron y esculpieron». Estas tesis, según el punto de vista de Jaime Alonso, equivalen a decir «por ejemplo que una catedral debe desaparecer porque ha cambiado con el paso del tiempo debido a que ha sido restaurada varias veces».

En su dictamen, la Comisión Territorial de Patrimonio estimó que, en el caso específico del medallón «no concurren las suficientes razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley previstas en el artículo 15.2 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura». Dicha normativa es, precisamente, la Ley de Memoria Histórica, que aprobada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

La fundación ha m anejado todo tipo de adjetivos y definiciones para posicionarse sobre el dictamen de Patrimonio. A juicio de Jaime Alonso, la decisión de los miembros de la comisión debe interpretarse como «un flagrante expolio», «una cobardía intelectual» y «una barbarie». Por si fuera poco, se «eligieron acomodaticios funcionarios y dúctiles servilones para cometer esta arbitrariedad jurídica», concluye Alonso.

• Temas
• Francisco Franco Bahamonde
• José Luis Rodríguez Zapatero
• Educación
• Turistas
• Fundacion Nacional Francisco Franco
• Ayuntamiento de Salamanca
• Junta de Castilla y León