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Jueves, 19 de enero 2017, 13:33
"El solar del Ministerio de Defensa situado en el sector de El Corte Inglés se empleará para un edificio institucional dedicado al VIII Centenario de la Universidad de Salamanca". Con estas palabras se desmarcaba el concejal de Fomento y Patrimonio, Carlos García Carbayo, en una entrevista emitida el pasado martes en el informativo de las 21:00 horas de La 8 de Radio Televisión Castilla y León, y que posteriormente el Ayuntamiento trató de ocultar desmintiendo al concejal e intentando borrar el rastro de la noticia. Palabras que venían a desvelar el secreto mejor guardado por el acalde quien, después de ver cómo la justicia anulaba la licencia de construcción de El Corte Inglés, había anunciado unas horas antes que el próximo día 30 de enero le comunicaría a la oposición su propuesta en la Junta de Portavoces.
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El regidor local no quiso entonces entrar en detalles sobre el edificio, ya que primero, aseguró, quería presentárselo a los grupos políticos en la oposición, al menos a los representantes de PSOE y Ganemos, con los que no mantiene tanta afinidad como con los de Ciudadanos -precisamente el partido que facilitó su condición de alcalde-. De hecho, PP y C's han alcanzado recientemente un acuerdo para aprobar los presupuestos para 2017 sin contar con la opinión ni las propuestas de PSOE y Ganemos.
El inmueble que se pretende destinar a la celebración del VIII Centenario de la Universidad se enmarca dentro de las negociaciones y trámites para solventar la peliaguda situación del sector en el que se asientan los grandes almacenes. Mañueco afirmó, a este respecto, que los grupos municipales de PSOE y Ciudadanos «han cedido en sus pretensiones», dando cabida a una posible negociación, y culpabilizó a Ganemos de querer entorpecer el proceso. Sin embargo, ayer el portavoz socialista, José Luis Mateos, matizó que su grupo no ha tenido acceso a ningún tipo de documentación y que «no podemos aprobar lo que desconocemos».
Informe de Lombardía
Cabe recordar que las pretensiones de los tres grupos en la oposición se basaban en un informe que encargaron al arquitecto redactor del PGOU Fernando Lombardía, en el que se fijaban unos 21.000 metros de exceso de edificabilidad en el sector de María Auxiliadora, que debían ser, en opinión de Partido Socialista, Ciudadanos y Ganemos, compensados de algún modo a la ciudad.
Durante esas negociaciones, en las que se confrontaron las opiniones de Lombardía con las de los técnicos municipales, volvieron a salir a colación solares como el de Adoratrices, hasta que se anunció que el Ministerio de Defensa iba a ceder al Ayuntamiento la franja que se reservó para la construcción, fallida, de viviendas, tras el convenio sobre los antiguos terrenos del cuartel Julián Sánchez El Charro.
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