Los abogados de Familia califican de confusa y excesiva la legislación actual

El letrado y presidente de honor de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), Luis Zarraluqui Sánchez-Eznarriaga, subrayó ayer que los gobiernos españoles, «independientemente de su signo político», legislan «muy mal y de manera atropellada», algo que atribuye a un «afán de ocultismo».

Zarraluqui abordó las novedades introducidas en la Ley de Jurisdicción Voluntaria en el ámbito del Derecho de Familia en el marco de la I Jornada sobre Derecho de Familia que hasta hoy se celebra en Salamanca con la participación de más de un centenar de jueces y abogados.

En declaraciones a los periodistas recogidas por Efe, lamentó la tardanza -13 años- en promulgar la Ley de Jurisdicción Voluntaria (cuando no existe litigio u oposición entre las partes) desde que se anunciara en el año 2000.

El abogado ha sostenido que los gobiernos españoles, independientemente de su signo político, «legislan muy mal, de manera atropellada y confusa», todo lo contrario, añadió, de lo que tienen que ser las leyes.

Esa circunstancia la achacó a «un afán de ocultismo» dado que, desde su punto de vista, las normas «deben estar bien tituladas teniendo en cuenta el número ingente de leyes que se promulgan».

«No hay capacidad humana de aprenderse todo lo que dicen las leyes y la única solución es que haya una singularización a través de la titulación», apostilló.

Por su parte, la presidenta de AEAFA, María Dolores Lozano, abogó por la especialización y formación de los abogados en materia de familia.

Sobre la custodia compartida de los hijos menores de edad, de la que dijo que es el sistema «más beneficioso y más normal», expresósu preocupación por las diferentes formas que existen en España de abordarla en función del territorio.

Porcentaje de acuerdos

Insistió que es bastante habitual -la custodia compartida- y que en el 40% de los casos se llega a acuerdos, mientras que en los procedimientos contenciosos existe «una especie de retranca a la hora de establecerla».

Se refirió a «la sensibilidad de la fiscalía» y a que «los operadores jurídicos a la hora de informar favorablemente sobre la custodia compartida se guían muchas veces por sus criterios personales y no sobre lo que debería establecerse».

En cuanto a la posibilidad de separarse o divorciarse ante notario cuando no haya hijos menores, Lozano aludió a las dificultades que presenta y que tienen que ver con la generación de impuestos y con una serie de cuestiones procesales en caso de incumplimiento.

De ahí que se mostrase partidaria del divorcio a través del juzgado y de la especialización del profesional que vaya a llevar el asunto porque «firmar un mal convenio es una cadena perpetua».

Abogó por la creación de la jurisdicción de familia para que todos los asuntos en esta materia sean abordados por profesionales especializados.

Finalmente, el director general de Familia y Políticas Sociales, Pablo Rodríguez, se refirió al compromiso de la Junta de Castilla y León en materia de Familia con «bastantes actuaciones que van desde las necesidades más básicas» al tiempo que desarrollan «aspectos de mediación o de apoyo a las familias numerosas o la conciliación».