Mañueco desecha la modificación del PGOU y se pliega a los requerimientos de la oposición

Los grupos en la oposición se dan por satisfechos, en principio, ante la postura adoptada por el equipo de Gobierno en relación al caso Corte Inglés durante la junta de portavoces celebrada esta mañana. En especial, remarcaron desde PSOE, Ciudadanos y Ganemos, porque se haya retirado definitivamente la modificación puntual del PGOU aprobada, en primer trámite, en diciembre de 2014. Un movimiento que para la oposición consistía en redundar en aquello que los tribunales han dictaminado como no correcto hasta en seis ocasiones. De ahí que la puerta abierta que dejó el alcalde a buscar otras soluciones -ya sea partiendo de suelo consolidado o no consolidado- haya logrado, al fin, los parabienes de los grupos.

De esta manera el alcalde, Alfonso Fernández Mañueco, propone a los grupos municipales aumentar los equipamientos públicos en el sector urbanístico del antiguo cuartel Julián Sánchez El Charro con el fin de avanzar en la búsqueda de una solución definitiva para el sector donde se ubica El Corte Inglés. El objetivo de esta propuesta, según han comunicado desde el Ayuntamiento a través de una nota, es mejorar la calidad de la ordenación urbanística del sector, posibilitando la construcción de nuevas dotaciones públicas susceptibles de prestar a los ciudadanos servicios de interés general, que se ubicarían en el solar sin construir que está en la calle Víctimas del Terrorismo.

En el aire quedan, no obstante, varias cuestiones. La principal, ¿quién pagaría la adquisición o cesión del solar de la calle Víctimas del Terrorismo? Un espacio destinado en principio a la construcción de viviendas y propiedad del Ministerio de Defensa. Que ya han existido conversaciones entre Consistorio y Ministerio se da por hecho, pero la oposición desconoce en qué sentido. Lo que está claro es que habría que cambiar la consideración de ese suelo, de residencial a dotacional, de llevarse a cabo lo anunciado por el Gobierno local.

Tampoco queda claro si todos los trámites que esperan -que serán muchos si se opta por considerar al sector como suelo urbano no consolidado- se podrían realizar en el año y medio que queda de la moratoria concedida por la Junta. El alcalde, consciente de la situación, abrió también la puerta durante la reunión a una posible prórroga de ese tiempo. Por el momento, en el plazo de un mes, aproximadamente, habrá un nuevo encuentro en el que se presentarán soluciones más concretas.