La oposición se desmarca del recurso por la concesión del servicio de autobús

«Esos pliegos, tal y como se redactaron, no serían aprobados hoy en día; es la diferencia entre con y sin. Con mayoría absoluta o sin ella». Fernando Castaño, concejal del Grupo Municipal Ciudadanos y presidente de la Comisión de Contratación del Ayuntamiento de Salamanca, expresó así ayer su opinión acerca de las condiciones establecidas en el otoño de 2013 para la concesión del servicio de transporte de viajeros o, lo que es lo mismo, el contrato del autobús urbano. Contrato que fue anulado por resolución del pasado 22 de septiembre por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León.

Bien es cierto, y así se encargó ayer de matizarlo el Grupo Popular en el Ayuntamiento, que la sentencia del TARCCYL únicamente alude a una cuestión formal, que no fue alegada por la empresa recurrente (Globalia) y de la que «el Tribunal no dio audiencia al Ayuntamiento». Ese trámite fue la publicación, no realizada, de un anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea un año antes de la licitación, en virtud del reglamento, no traspuesto a España, 1370/2007 de la UE.

Para Fernando Castaño este motivo aducido por el TARCCYL no deja de ser extraño e indica que el tribunal, pese que jurídicamente no podía atacar los pliegos, sí considera que en su redacción se introdujeron cláusulas lesivas para la libre concurrencia de empresas. De hecho, en la resolución se señala como «deseable» que los criterios de valoración incluidos en las condiciones del contratos dieran mayor ponderación a mecanismos evaluables «de forma objetiva», en detrimento de los evaluables «mediante un juicio de valor».

Estas palabras del tribunal, unidas a la propia opinión de Castaño acerca de esos pliegos, motivaron que la petición de apoyo para el recurso contencioso-administrativo quedara ayer sobre la mesa de la Comisión de Contratación. El motivo es evidente: la oposición quiere desligarse de unos pliegos de contratación que no aprobó. Y es que el Grupo Socialista votó en contra y Ciudadanos y Ganemos aún no estaban en la Corporación, ergo ninguno de los tres grupos quiere comprometerse apoyando un recurso que, en esencia, sería defender unas condiciones con las que no están de acuerdo y que ahora mismo no se permitirían en el Ayuntamiento de Salamanca, por muy legales que sean y se consideren.

De ahí que, antes de adoptar cualquier movimiento al respecto y teniendo en cuenta que hay dos meses de plazo para la interposición del recurso, la oposición haya solicitado un informe al secretario del Consistorio para conocer sí es estrictamente necesario que la decisión de recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa pase por Comisión y por pleno, o el alcalde, haciendo uso de sus potestades, puede decidir por decreto, unilateralmente.

De igual modo, PSOE, Ciudadanos y Ganemos han preguntado por las consecuencias que tendría la anulación por parte del juzgado de lo contencioso de los pliegos: si habría que pagar indemnización a la actual adjudicataria por el cese del contrato de concesión o lucro cesante a Globalia, por ejemplo, por el tiempo pasado, casi tres años a fecha de hoy, desde la adjudicación.

Oscuro y temerario

Fernando Castaño reiteró que con la formación actual de la Comisión de Contratación, esos pliegos no hubieran sido aprobados, «sin entrar en valoraciones jurídicas, sólo con el sentido común, porque ¿qué clase de pliegos son esos en lo que una empresa como Globalia no puede concurrir porque no cumple con la solvencia técnica? Es ridículo», apostilló.

El concejal de Ciudadanos se ocupó de eliminar cualquier resquicio de duda sobre el funcionamiento actual de la Comisión que preside, «pese a las críticas de algunos», en referencia a Ganemos, y alabó al PSOE por haber cumplido con su parte tanto el otoño de 2013 como en la primavera de 2014 cuando se adjudicó finalmente el contrato. Y es que en todo momento, el Grupo Municipal Socialista se mostró en contra de los pliegos de condiciones y Castaño se preguntó ayer por qué, si se contaba con esta voz crítica de advertencia, dichos documentos no se corrigieron. «Es cuanto menos oscuro o temerario», apuntó el naranja.

De hecho, el PSOE ayer a través de un comunicado se ratificó en su postura, defendida por el concejal Arturo Ferreras. A su juicio, se ha producido «falta de diligencia y de rigor» en esta adjudicación, en la que, consideran, se favorecía claramente a la empresa que ya prestaba el servicio, concretamente en «las cláusulas correspondientes a la duración de dicho contrato, a la experiencia previa en la prestación del servicio, y en el número o la cantidad de vehículos propulsados por gas exigidos en la flota de autobuses».

Un hecho que ya denunció el PSOE en su día y que confirma, en opinión del Grupo Municipal Socialista, que ese contrato estaba «destinado a favorecer a una determinada empresa, elaborado con una total opacidad y ausencia de condiciones objetivas que garantizasen la libre concurrencia y la igualdad de oportunidades».