Cecilia Hernández
Martes, 4 de octubre 2016, 06:14
Era el otoño de 2013 cuando en el Ayuntamiento de Salamanca se comenzaba a debatir la nueva concesión del servicio público del transporte de viajeros. En otras palabras, el contrato del autobús urbano. Una concesión que se aprobó definitivamente meses después y que recayó en la misma empresa que ya había ejercido esa función durante los años anteriores: Salamanca de Transportes. No obstante, aquella adjudicación no se realizó sin problemas, ya que otra empresa, Globalia, también compitió por hacerse con el jugoso contrato, que se prolongaba a lo largo de 12 años, a razón de casi 11 millones de euros, en cifra redonda, por cada uno de sus esos ejercicios.
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Derrotada en aquella batalla, Globalia decidió recurrir ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, dependiente del Consejo Consultivo y con sede en Zamora, entidad que, al parecer, ha fallado dando la razón a la empresa de los Hidalgo. Así al menos se desprende de la intención del Ayuntamiento de Salamanca de recurrir tal fallo ante la jurisdicción contencioso-administrativa, manifestada de la inclusión en el orden del día de la Comisión de Bienes y Contratación de hoy, martes, de un punto en ese sentido. No obstante, al cierre de esta edición no se podía confirmar si finalmente tal punto iba a discutirse en la Comisión o, por el contrario, iba a dejarse para próximas reuniones. Y es que la complejidad de los contratos requiere de más tiempo de estudio. Además, hay que tener en cuenta que cuando la concesión se realizó en el Ayuntamiento tan sólo existían dos grupos políticos, frente a los cuatro de ahora mismo.
Los portavoces de la oposición quisieron mostrarse ayer cautos con respecto a este tema. El socialista José Luis Mateos recordó que su grupo votó en contra de la adjudicación en su momento al considerar que el pliego de condiciones estaba diseñado específicamente para que Salamanca de Transportes volviera a quedarse con la concesión.
Así lo afirmó el concejal Arturo Ferreras en los plenos de 2013 y 2014 en los que se trató la cuestión. De igual modo, el PSOE en el Ayuntamiento definió en la primavera de 2014 a esa nueva concesión como «un saqueo», al garantizar a la empresa adjudicataria que cobrara lo mismo del Consistorio, tuviera viajeros o no, entre otras cuestiones que levantaron polémica.
Por su parte, Alejandro González Bueno, de Ciudadanos, se mostró preocupado por el nuevo revés para el Ayuntamiento, al igual que Gabriel Risco, de Ganemos, que se preguntó por qué en otros contratos municipales, cuando se han producido situaciones similares, se suspendió la nueva concesión y no se hizo así con el del transporte de viajeros, que es uno de los más importantes del Consistorio, con un importe global de 132 millones de euros.
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«Es un tema delicado porque hay que tener en cuenta que, al acudir a la jurisdicción contenciosa, Globalia puede volver a ganar y solicitar, en ese caso, lucro cesante, lo que supondría una nueva indemnización a pagar por parte del Ayuntamiento», explicó el concejal del Grupo Municipal Ganemos.
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